La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha escrito a 16 alcaldes de zonas con alta incidencia de incendios forestales de la provincia de Almería para informarles de que hará un seguimiento de su actuación en esta materia y de que no descarta abrir una "investigación penal concreta" si estos no cuentan con un plan de prevención de incendios para estas áreas y vuelve a producirse un nuevo siniestro.
En concreto, según han detallado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, se ha remitido dicha información a los ayuntamientos de Abla, Adra, Zurgena, Velefique, Cantoria, Carboneras, Fines, Mojácar, Nacimiento, Níjar, Partaloa, Paterna del Río, Senés, Sorbas, Tabernas y Almería capital. Se trata de la única provincia andaluza informada al respecto.
El pasado mes de julio la Fiscalía abrió un expediente y pidió información sobre la existencia de planes de prevención y gestión de incendios forestales a 151 municipios con alta recurrencia de siniestros y, hasta el 31 de enero de 2019, apenas el 25 por ciento respondió señalando que cuenta con un plan de prevención. Otros 47 municipios lo tiene en tramitación; otros 13 cuentan con un plan pero está anticuado y lo están actualizando.
El resto, o no tiene plan (19), o no cuenta con él pero lo tramitará o bien no han respondido (16) hasta el 31 de enero de este año. Sin embargo, desde la Fiscalía han precisado a Europa Press que desde esa fecha alguno de los municipios afectados está contestando.
Tras recoger las respuestas, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, envió una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le "alerta" de la situación de los 151 consistorios de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. El escrito también fue remitido a las autoridades competentes y a los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Vercher "alerta" en el oficio remitido a Europa Press de esta carencia y pide que "hagan efectivas" las actuaciones de prevención a las que obliga la normativa de incendios forestales, ya que considera que la prevención de incendios es "una cuestión de naturaleza estrictamente administrativa".
En este contexto, recuerda que en la obligación de la Fiscalía General del Estado de prevenir los incendios forestales, en la primera mitad de 2018 se abrió un expediente para conocer la situación de estos planes a los que están obligados los consistorios españoles. Sin embargo, de cara a la previsibilidad de ocurrencia de incendios forestales durante el verano de 2018, se centraron en los municipios con mayor probabilidad.
Así, insiste en que según la legislación española "todos" los municipios con superficie forestal tendrán que redactar un plan de prevención de incendios en el que se regulan las actividades y usos susceptibles de generar un incendio forestal y que diseñe las infraestructuras de prevención necesarias al respecto.
Los objetivos de estos planes son reducir la probabilidad de que suceda un incendio; minimizar los tiempos de detección y respuesta ante la extinción y reducir la peligrosidad del incendio forestal una vez producido.
Vercher admite que la casuística en la producción de los incendios forestales es de una "complicación y variedad extraordinarias" lo que complica la prevención y la extinción y, al mismo tiempo, "justifica plenamente" la elaboración de estos planes.
Asimismo, recuerda que cada año se realizan "ingentes esfuerzos", materiales y humanos en prevenir y luchar contra el fuego hasta que es "difícil" abordar la materia desde ángulos "distintos y novedosos" y esto "obliga" a las autoridades a replantar "aspectos que pudieran arrojar alguna luz" en la búsqueda de la deseada eficacia.
El fiscal reflexiona que por mucho que se invierta "año tras año" en luchar contra el fuego, "da la impresión" de que repetir una y otra vez el mismo planteamiento se olvidan "aspectos tan esenciales" como son los "obligados" planes de prevención y su "lógica incidencia" en la aparición y disminución de los incendios.
NO TENER UN PLAN PUEDE SER CAUSA DE INVESTIGACIÓN PENAL
En este contexto, el oficio del fiscal ve "oportuno" avisar a los Ayuntamientos de que la Fiscalía hará un seguimiento sobre esta cuestión y "no oculta la posibilidad" de que la ausencia de un plan de prevención de incendios pueda analizarse "desde el punto de vista causal en una investigación penal concreta".
Esto sería así en la medida en que la Fiscalía pueda valorar la falta de un plan de prevención como un "factor coadyudante" en la producción, extensión o difusión de un incendio forestal concreto".
Es decir, que si en un incendio en suelo forestal se detecta que el municipio al que pertenece no contaba con un plan de prevención, esto podría considerarse como una causa en el incendio.
"Esta Unidad considera que es su deber alertar a las autoridades competentes a fin de fortalecer y hacer efectivas las actuaciones preventivas que traza la normativa de incendios forestales", concluye Vercher.
El fiscal remitió el oficio por carta al ministro Planas, así como a los alcaldes de los municipios afectados en Galicia (63) --34 en La Coruña y 29 en Pontevedra--; Comunidad Valenciana (53) --24 en Valencia, 22 en Alicante y 7 en Castellón--; Andalucía (16 --todos en Almería--), Cataluña (12) --en Tarragona-- y Murcia (7) acompañado de un texto que tenía en cuenta las particularidades de las comunidades autónomas.
