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Almería

Acusadas de explotar sexualmente a una mujer amenazada con vudú

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas de seis años y seis meses de prisión para las dos mujeres acusadas. La víctima era una joven nigeriana

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  • Rito Vudú. -

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas de seis años y seis meses de prisión para dos mujeres acusadas de haber explotado sexualmente a un joven nigeriana a la que habrían obligado a ejercer la prostitución en Roquetas de Mar para saldar una supuesta deuda de 25.000 euros, sentido en el que la víctima era amenazada con ritos vudú.

El Ministerio Fiscal solicita además para F.O. nueve meses más de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras supuestamente haber promovido su viaje desde Nigeria hasta España bajo la promesa de que podría tener una vida mejor, según la calificación provisional de hechos consultada por Europa Press.

En concreto, fue a principios de 2014 cuando F.O. contactó con la víctima a través de terceros no identificados y le ofreció la posibilidad de viajar a España, donde "la vida era más fácil" y podría encontrar trabajo, con lo que se ofreció a pagarle los gastos del viaje.

Debido a la situación de pobreza en la que se encontraba la joven y ante la expectativa de mejorar sus condiciones, accedió a realizar dicho viaje, con lo que la acusada le habría costeado su viaje desde Nigeria hasta Marruecos entre febrero y marzo de ese mismo año.

A partir de ahí, la mujer residió más de un año en Marruecos donde, según la investigación policial, "sobrevivió casi un año y medio ejerciendo la mendicidad" hasta que en agosto de 2015 pudo viajar hasta Libia y, de allí, hasta Italia, donde acabó en un campo de refugiados en Sicilia.

La acusada fue contactada nuevamente por la víctima, a la que indicó que tenía que ir hasta Roquetas de Mar para poder trabajar, con lo que completó su viaje en noviembre de 2015, esto es, unos 20 meses después de abandonar su país.

De acuerdo con el escrito del fiscal, fue tras su llegada a la localidad almeriense cuando la acusada le dijo que había contraído una deuda de 25.000 euros y que tenía que ejercer la prostitución para abonarle los gastos del viaje, con lo que la víctima, ante la ausencia de documentación y su desconocimiento del idioma, "se vio constreñida a ejercer la prostitución" para pagar su deuda.

SERVICIOS SEXUALES A DIEZ EUROS

La acusada envió a la víctima al local regentado por S.A.B., quien "sabedora de la situación" en la que estaba la víctima, la habría tenido trabajando "a disposición de los clientes todo el día" para realizar "servicios sexuales en condiciones insalubre y cobrando en torno a diez euros por servicio", que además estaba obligada a dar a las acusadas para pagar la deuda.

La víctima, que era además atemorizada con rituales vudú, residía en el propio bar donde era obligada a ejercer, por lo que también se le cobraba un alquiler, lo que hacía "interminable" su deuda, según observa el fiscal.

La mujer fue liberada gracias a una operación policial encaminada a desarticular una organización, asentada en Nigeria, Marruecos, España y otros países que captaba a mujeres jóvenes entre los estratos más desfavorecidos de las principales ciudades nigerianas ofreciéndoles un trabajo digno y bien remunerado.

En la operación se intervino el dinero poco menos de 500 euros de la deuda abonada por la víctima así como vestigios y bolsitas relacionadas con ritos vudú, con restos biológicos de personas y escritos de rezos, entre otros enseres.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía de Almería interesa además que las acusadas permanezcan alejadas a 300 metros de la víctima durante 12 años, tiempo en el que tampoco podrán comunicarse de ningún modo con ella, así como el pago de una indemnización de 20.000 euros.

Esta operación se enmarcó dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, en funcionamiento desde 2013 y que motivó la activación de la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

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