El exconcejal de Hacienda y Personal de Vélez Rubio (Almería) Diego Gea ha indicado este martes en sala que "nunca he tenido nada que ver" con la designación de los integrantes del tribunal de las oposiciones a Policía Local que ganó su sobrino, también enjuiciado, en 2010 y ha precisado que el decreto de convocatoria lo firmó el entonces alcalde, ya fallecido, quien tenía esa competencia "en exclusiva".

   "Fue absolutamente escrupuloso y ni siquiera a ninguno de los miembros del tribunal les dije que se presentaba mi sobrino. Ellos son funcionarios, personas honestas e íntegras. Nunca les hice indicación alguna pero estoy convencido de que, si las hubiera hecho, ellos nunca lo hubiesen aceptado", ha trasladado a preguntas de su defensa y después de negarse a contestar a la acusación particular, la única que dirige acusación contra él en esta causa.

   Gea, quien se enfrenta a penas de 12 y 18 meses de cárcel por presuntos delitos de tráfico de influencias y de falsedad documental que la Fiscalía no estima, ha negado que actuase como "muñidor" para conseguir que la plaza fuera a parar a su sobrino y ha remarcado que el responsable "por ley" de la Policía Local es el regidor y que él "solo" tenía competencia "no sobre los agentes de la autoridad, sino sobre los guardias jurados que se contrataron para el polígono".

   El exedil, de 52 años, ha prestado declaración después de que contestará a las interpelaciones de la fiscal y de su defensa su sobrino, Diego Raúl G.L., único acusado por el Ministerio Público, que le imputa un supuesto delito de prevaricación de funcionario público y otros comportamientos injustos, por lo que interesa la pena de multa de cinco meses a razón de 18 euros al día.

   Este ha admitido ante el tribunal de la Sección Tercera, que continuará la vista oral este miércoles, que firmó una declaración jurada en la que se decía que no había sido condenado por delitos dolosos, uno de los requisitos de la convocatoria, aunque ha asegurado que "en ese momento no tenía ni idea de lo que era un delito doloso y además pensaba que, como ya había cumplido, no contaba por estar cancelada".

   "Yo tuve un accidente de coche y pensaba que era una sanción administrativa lo que me habían puesto por conducir bajo los efectos del alcohol. Todos salimos perjudicados y yo no tenía ni idea de que eso era un delito doloso. A día de hoy lo sé", ha afirmado en respuesta a la fiscal, quien ha cuestionado ese desconocimiento dado que se preparaba para unas oposiciones a Policía Local.

   Diego Raul G.L. ha indicado que tomo posesión del cargo en mayo de 2010 "en esa creencia" que, según ha remarcado, "nadie me desmintió diciéndome que no tenía los requisitos ya que incluso fui a la Escuela Pública", y ha argumentado en más de una ocasión que, con anterioridad a estas oposiciones, "ya me había presentado a otras dos sin ningún problema".

   "Si yo hubiese sabido que el que me quitarán el carné de conducir un año y me multasen era delito doloso, no hubiera perdido el tiempo estudiando para estas convocatorias y, cuando tome posesión del cargo, nunca pensé que estaba yendo contra la ley", ha apuntillado. Tras negarse también a contestar a la acusación particular, ha rechazado que hablase con su tío de las oposiciones o le pidiese ayuda afirmando que "ni siquiera se lo dije para evitar precisamente esto. Ya sabía lo que se iba a decir".

   Sobre las acusaciones que le imputan un presunto 'cambiazo' del examen, según apunta una de las periciales que obran en la causa, ha atribuido "a los nervios de los diez últimos minutos" el que se dejase una de las caras de los folios sin escribir y la "distinta grafía" en algunas partes y al hecho de que pidió al tribunal "un folio extra" el que aparezcan "sobreimpresiones o surcos" en sus documentos.

   "El tribunal me dio un folio que era sobrante de otro opositor y por eso esos surcos se atribuyen injustamente a mi cuando son las marcas de haber escrito encima de él", ha explicado el acusado.

NIEGAN QUE SE DIERA EL 'CAMBIAZO' AL EXAMEN

   Por su parte, el jefe y el subjefe de la Policía Local, contra los que tampoco formula acusación la Fiscalía, han reconocido que iniciaron una investigación al comprobar que el sobre que contenía el examen de Diego Raul G.L estaba abierto pero que, tras esto, lo atribuyeron a "la curiosidad" ya que comprobaron, según han dicho, que eran los folios que habían corregido "ya que tenían nuestras anotaciones manuscritas a lápiz". Al tiempo han negado las imputaciones de la acusación particular, cuyas preguntas también han declinado contestar.

   La Fiscalía limita la responsabilidad penal en este caso a D.R.G.L., sobrino del exedil que cuando sucedieron los hechos ostentaba también la primera tenencia de Alcaldía, y sostiene que "consiguió el cargo de Policía Local" en junio de 2011 "a sabiendas de que carecía de los requisitos legalmente exigidos por la convocatoria" al contar con "antecedentes penales no cancelables".

   Descarta, sin embargo, que, como apreció el titular del Juzgado de Instrucción de Vélez Rubio, existiese una presunta trama para favorecerlo y que, por tanto, el exedil socialista, "desde su posición de jefe directo" de los miembros del tribunal, fuese el "muñidor" de un proceso de oposición "dirigido" para que "aprobase su sobrino carnal" y se "prevaliese" de su posición "de jefe de todos" para, "influyendo en ellos, conseguir un beneficio a favor de su familiar".

   Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, D.R.G.L. se presentó al concurso que convocó el Ayuntamiento en marzo de 2010 y obtuvo "las mejores calificaciones", por lo que accedió al curso de carácter obligatorio que se desarrolla en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, con sede en Sevilla. El 24 de junio de 2011, "obtuvo finalmente posesión del cargo".

   El Ministerio Público indica que el acusado "sabía" que "carecía de los requisitos legalmente exigidos" en la convocatoria ya que, en 2008, había sido condenado "en firme a nueve meses de prisión por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas" y el archivo definitivo de la causa no se produjo hasta abril de 2009", cuando, según remarca, "se precisa para la cancelación de dichos antecedentes el plazo de tres años".

ACUSACIÓN PARTICULAR

   Por su parte, las acusación particular considera que D.R.G.L. "manipuló y falsificó el examen original, sacando al menos un folio e incorporando otro" y que aportó "una declaración jurada falsa" supuestamente para ocultar que no cumplía con los requisitos legales.

   Sostiene, en el mismo sentido, en que redactó su auto de procedimiento abreviado el instructor de la causa, que Diego Gea "influyó" presuntamente "desde su posición" como teniente de Alcalde y concejal de Hacienda y Personal "para que los miembros de tribunal, en su totalidad funcionarios designados por el gobierno del que era parte para puestos de libre designación mejor remunerados que las plazas de su propiedad" eligieran "a su sobrino pese a su pésimo papel en el examen".

   "Además facilitó el acceso al sobre cerrado bajo la custodia del secretario para que este pudiese incorporar y quitar folios del mismo", añaden.

   Apuntan hacía él como el "urdidor de un proceso dirigido para que aprobase su sobrino" y le acusan de "ofrecer beneficios urbanísticos y profesionales" a dos miembros del tribunal al tiempo que remarcan que las bases del proceso de selección especifican que "no podrán formar parte de este personal de libre elección o designación política".