El juez instructor de caso 'Facturas' ha imputado al presidente del Club Unicaja Voleibol Almería, Ramón Sedeño, y a otros dos directivos en el marco de la investigación que desde hace un año indaga sobre la presunta malversación de más de 450.000 euros de dinero público a través de la emisión de "facturas ficticias" en el seno del Patronato Provincial de Turismo entre los años 2009 y 2011.
El auto del magistrado Luis Durbán, dictado el lunes, llega después de que Sedeño, junto al tesorero Guillermo González y el gerente del club, Antonio Jesús González, prestasen declaración el pasado viernes en calidad de testigos, según han indicado a Europa Press fuentes del caso, que han precisado que los tres han sido citados para comparecer de nuevo el viernes en sede judicial.
Las mismas fuentes han señalado que las imputaciones responden a supuestas "contradicciones" en las que habrían incurrido al explicar "cómo y por qué" recibieron diversas cantidades de dinero del Patronato de Turismo, bajo gestión del PSOE, y, en concreto, al responder sobre una "cuantía de 25.000 euros" en concepto de "esponsorización".
Según habría asegurado Sedeño al juez al declarar como testigo, el Club Voleibol Unicaja tenía una deuda contraída con la agencia Leitour Viajes, clave en la presunta trama investigada y cuyos responsables también están imputados, y acordó "verbalmente" con el entonces vicepresidente de la Diputación, Luis Pérez, que la institución "se haría cargo de la deuda como consecuencia de los viajes dado que por la esponsorización iban a recibir 25.000 euros".
El juez instructor inició hace dos semanas una nueva ronda de declaraciones con la citación de 19 imputados y 41 testigos que debe concluir este viernes con la declaración de los tres últimos imputados y los testigos ya previstos, entre ellos el expresidente de la Diputación Provincial Juan Carlos Usero.
Cabe recordar que están imputados Luis Pérez, el administrador de Leitour Viajes, Francisco Javier Guerrero, la exsecretaria delegada del Patronato, María Teresa González, el exgerente Francisco Iglesias, el empresario almeriense Joaquín Conde, la esposa del exnúmero dos de la Diputación, el director de la agencia Leitour, Arístides Javier Martos, y otra dos personas, por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En una segunda tanda, el juez ha imputado a s administradores de Viajes Viconos, de Grupo J126, de Sportur Agencia de Viajes Vertical, de Viajes Bernardo, y de Tecnología y Comunicaciones Móviles, así como a los socialistas Juan Antonio Bisbal y José Andrés Soler, y a la hija de la exsecretaria, Teresa María Rojas.
Esta nueva ronda vino motivada por los últimos informes policiales incorporados a la causa con la que se intenta determinar el destino de 460.000 euros de dinero público que se habrían abonado presuntamente mediante un centenar de facturas "ficticias". Los citados informes recogían "nuevos hechos de apariencia delictiva".
DELITOS PRESCRITOS
Los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía señalaban también a otras 23 personas que, según remarcaba el instructor, también podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de malversación aunque, matiza, ya prescrito.
Según explicaba, en la "mayor parte" de los casos han transcurrido más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010, y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que estimó que les sería de aplicación el subtipo atenuado del artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos si bien dejaba la puerta abierta a que la administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pudiera ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.
Junto a los 23 testigos con estas particularidades, el auto resolvía la citación a declarar como testigos de otras 18 personas, incluido el expresidente de la institución, el socialista Juan Carlos Usero, el exgerente del Patronato Antonio Cantón y la exdiputada provincial del PSOE Caridad Herrerías. En el marco de la instrucción, ya han prestado declaración en calidad de testigos otras diez personas, la mayoría de ellos trabajadores de la institución.
DENUNCIA
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especificaban, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
