El Ministerio de Justicia ha publicado una Orden por la que se establece la elevación a categoría de magistrado o magistrada de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Roquetas de Mar tras atender las reivindicaciones efectuadas por los operadores judiciales de la zona.
El texto publicado en el BOE, que también incluye el partido judicial de Sagunto (Valencia), "pretende reducir, en la medida de lo posible, la movilidad tanto de los miembros de la carrera judicial", como la de los letrados y letradas de la Administración de Justicia así como asegurar una "mayor estabilidad que evite situaciones de disfuncionamiento en la prestación del servicio público de justicia".
Con ello se conseguirá "una mayor experiencia profesional y especialización" así como "una mayor estabilidad en el resto de las plantillas del personal al servicio de la Administración de Justicia". La fecha de efectos de la elevación será 1 de octubre de 2023.
Así, señala que entre las consecuencias que esta elevación a categoría está la adaptación en el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial, con categoría de juez o jueza, en el de los letrados y letradas de la Administración de Justicia, y en su caso el del personal al servicio de la Administración de Justicia, con destino en los citados juzgados.
Según indica la orden, la posibilidad de proceder a la elevación a categoría viene dada siempre que los juzgados estén radicados "en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho" o "experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija".
En este caso, se atiende a las "especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales" que se dan en la zona para atender las peticiones con los consiguiente incrementos en la cuantía del complemento de destino que corresponde a los destinos servidos por magistrado y secretarios judiciales.
El Ministerio de Justicia inició el pasado mes de marzo la tramitación del proyecto de orden para elevar la categoría de los juzgados en base al volumen de cargas competenciales.