La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a una pareja de veteranos agentes inmobiliarios que presuntamente se valieron de sus conocimientos en la materia para inscribirse en los registros oficiales como titulares de varias fincas ajenas en el municipio de Gérgal (Almería).
La investigación les acusa de siete delitos de falsedad documental, siete delitos de estafa y de un delito blanqueo de capitales. El valor de las fincas que pusieron fraudulentamente a su nombre ascendería a 147.449 euros.
Según ha informado la Comisaría, Los detenidos, un matrimonio divorciado solo a efectos legales con residencia en Barcelona y orígenes almerienses, habrían logrado convencer al notario, al catastro y al registro de la propiedad de que la mujer había adquirido a título particular las fincas objeto de la investigación sin un contrato físico y sin contraprestación alguna.
Para ello se habrían valido de la colaboración de dos vecinos de Níjar, que declararon ser testigos del contrato verbal que nunca se produjo, así como de un perito topográfico, que emitió informes técnicos que dotaron de apariencia legal todas las gestiones que habían llevado a cabo.
Los tres presuntos cooperadores están investigados por el Juzgado de Instrucción 4 de Almería por supuestos delitos de falsedad documental.
Tras esta adquisición, y según los datos recopilados por los agentes, el matrimonio se habría valido de un error de tasación bancaria que databa de 2008 para cambiar de ubicación cuatro de esas fincas, llevándolas del este al oeste de la Rambla del Carril de Gérgal, anexionándolas al resto de tal manera que triplicaron su extensión llegando a los 753.917 metros cuadrados.
Finalmente, y para presuntamente tratar de entorpecer el rastro de una posible investigación, habrían cambiado la titularidad de las tierras, inscribiéndolas a nombre de una empresa que controlaban, logrando de esta manera multiplicar su capital.
Los investigadores del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial de Almería tuvieron conocimiento de los hechos mediante la denuncia de uno de los legítimos propietarios de las fincas enajenadas.
Entonces se inició una compleja investigación que comprendió estudios cartográficos, localización de antiguos asientos catastrales y análisis de folios del registro de la propiedad hasta lograr una composición de lo sucedido.
En base a estas pesquisas, los agentes detectaron que la pareja de profesionales de bienes raíces había sabido aprovechar que los perjudicados eran fallecidos sin herederos en la localidad, ancianos con problemas de demencia, o vecinos en riesgo de exclusión social.
La Policía Nacional ha informado de que continúa buscando a una de esas posibles víctimas para devolverle la titularidad de sus tierras.
