No hace mucho tiempo, desde el PP, se denunciaron escuchas privadas (no entremos en dilucidar a quién acusaban directamente de las mismas, pues para ello ya les digo que tendrían que contar con las pruebas indubitadas, si bien esto resulta harto difícil) a algunos destacados miembros de dicha formación política. La publicación por un medio de comunicación de una conversación privada entre dos militantes de dicho partido no dejaba lugar a las dudas. Una de las líneas telefónicas, o las dos, de los interlocutores implicados estaba pinchada. ¿Por quién…? Como en cualquier novela policíaca que se precie, en todo crimen, siempre habrá que empezar a interrogar a los que se beneficien con él.
El miércoles saltaba la noticia. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid presentaba queja formal en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía del Estado y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las escuchas, en el llamado caso Gürtel, de los abogados de la Defensa con sus clientes. ¿Quién, dentro de la prisión, facilitó los medios para realizar estas escuchas ilegales?
Finalmente, el actual Jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha dicho públicamente que es una temeridad que la gente se envíen unos a otros infinidad de mensajes con el móvil, porque los mismos pueden ser interceptados por cualquiera. Como lo leen. Quien tendría que velar por que la gran mayoría de los ciudadanos estuviéramos con la máxima seguridad en nuestro país, creando alarma social.
Pocos días faltan para que nuestra Carta Magna, la Constitución del 78, cumpla su trigésimo primer aniversario de vigencia y, muchas han sido las navajadas traperas que ha recibido durante más de tres décadas. Sin embargo, las personas de Ley, aquellos que defendemos los derechos fundamentales no sólo de boquilla, sabemos que en ella se consagra España como un Estado de Derecho. Por eso, toda escucha que no venga autorizada por la autoridad judicial competente supone actuaciones propias de regímenes autoritarios.
