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Cádiz

Caballitos de mar y productos afrodisíacos listos para comercializar

La Guardia Civil investiga a dos ciudadanos chinos por comercializar caballitos de mar y productos afrodisíacos de origen oriental en El Puerto de Santa María

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La Guardia Civil de Cádiz, ha investigado en la localidad de El Puerto de Santa María, a dos ciudadanos chinos por comercializar en una tienda de alimentación, caballitos de mar y productos supuestamente afrodisiacos sin ofrecer garantías sanitarias para el consumidor. A los responsables del establecimiento se les imputan un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida por el Convenio CITES y otro contra la salud pública por el comercio de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.

La actuación se produjo en la localidad de El Puerto de Santa María durante la inspección de una tienda de productos asiáticos, realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA, y la Patrulla Fiscal Territorial. Nada más entrar los guardias civiles al interior del establecimiento, la responsable de la misma, cogió una bolsa de plástico y la lanzó a un establecimiento contiguo, siendo recuperada de forma inmediata por los guardias civiles.

En el interior de la bolsa, los agentes encontraron un total de 34 especímenes desecados, 26 machos y 8 hembras, pertenecientes todos ellos a la especie Hipocampus reidi, denominado caballito de hocico. Es de reseñar que todas las especies de Hipocampus se encuentran incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES, y que desde el año 2013 estas especies figuran en la Lista Roja de Especies amenazadas de la IUCN (Internacional Union for Conservation or Natrue ans Natural Resources), motivo por el que la responsable del establecimiento pretendía deshacerse de los mismos. Dichos especímenes son muy apreciados en la medicina tradicional asiática, por sus supuestas propiedades afrodisíacas.


Durante la actuación también se intervinieron 900 dosis de productos con propiedades supuestamente afrodisíacas y terapéuticas  y que no ofrecían  garantías sanitarias alguna, con etiquetado completamente en chino, por lo que tras su incautación, se remitieron para su análisis a la Agencia Española del Medicamento.

Tras comprobar la comercialización ilícita, los guardias civiles levantaron acta de lo actuado, quedando a la espera de los análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Marinos (CICEM), en la localidad de El Puerto de Santa María y dependiente de la Junta de Andalucía, que determinaría de que especie de hipocampo se trataba, aunque todas ellas se encuentran protegidas por el Convenio Internacional CITES.

De la misma forma, muestras de los medicamentos incautados, fueron remitidos a la  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, al objeto de que se informara sobre la consideración legal de dichos productos y peligrosidad para la salud pública.

Tras recibir el informe respecto a los caballitos de mar, y visto que pertenecían a la especie, objeto de especial protección, se procedió a la investigación de los responsables del establecimiento como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida y cuya población en Cádiz, debido al furtivismo, está casi esquilmada.

El informe de la  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, determinó que se desconoce la composición de los medicamentos y que nos encontraríamos ante remedios secretos, cuya comercialización está totalmente prohibida,   ya que carecen de garantía alguna en cuanto a que se hayan observado las condiciones de almacenamiento y conservación, por lo que puede verse comprometida su calidad, seguridad y eficacia, lo cual supone un riesgo de salud pública por su consumo.

Por esto, se procedió a investigarles como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por el comercio de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.

Las diligencias policiales junto con los investigados y efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia del Puerto de Santa Maria y  de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz.

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