El comité de empresa de Navantia Puerto Real  ha mostrado su “indignación” ante la confirmación por parte de la dirección del centro de que parte de la carga de trabajo que tenía asignada la factoría del segundo petrolero Suezmax se trasladará a Ferrol. A su juicio, se trata de una decisión que “no tiene sentido”y ha asegurado que “no se creen” que la decisión responda a razones técnicas.

El presidente del comité de empresa del astillero puertorrealeño, Antonio Noria, ha manifestado que esto supone”un varapalo en términos de empleo” y suscita “grandes dudas” sobre lo que va a ocurrir con los dos siguientes petroleros, que “tampoco tienen contratados”. Según ha avanzado, el comité de empresas celebra un pleno mañana lunes para analizar esta situación, tras lo que se convocará una asamblea en los días siguientes en la que se decidirá las medidas a adoptar.

Según ha recordado, en un principio se llegó al acuerdo de que parte de la proa del petrolero se haría en Ferrol, ya que “entendimos que era necesario compartir las cargas de trabajo y no pusimos ninguna pega”.

Inmersos en la construcción del primer petrolero, ha explicado que llevan “meses” con “problemas importantes en la contratación de las empresas auxiliares” por parte de Navantia, lo que está “retrasando continuamente” el primer buque.

En este sentido, ha criticado la política de subcontratación que se está llevando a cabo por parte de la presidencia de la compañía, por lo que ha confiado en que su máximo responsable, José Manuel Revuelta, “sea cesado” y no continúe al frente, puesto que “está hundiendo la parte civil”.

Del segundo petrolero no han sabido nada hasta que esta misma semana les han confirmado que “también se llevan la popa del barco” a Ferrol. Noria ha criticado la situación, pero “no queremos entrar en una guerra entre empresas auxiliares de la Bahía de Cádiz y de la Ría de Ferrol, que es lo que pretende Navantia”.

El presidente del comité de empresa ha reflexionado que el astillero de Puerto Real ha “luchado para tener la construcción civil”, pero “nadie quería” y “parece ser que hay una mano negra que intenta que se fracase y culpar luego a los trabajadores de la Bahía de Cádiz”, que “hasta ahora no han tenido culpa ninguna”, ya que “no hemos podido demostrar lo que somos capaces de hacer que hemos demostrado en otras ocasiones”.

Ha dicho que todavía no tienen cuantificado el efecto en términos de empleo de ese traslado de carga de trabajo porque “no sabemos aún qué cantidad de bloques se van a llevar” a Galicia.

En cualquier caso, son conscientes de que supondrá “un varapalo” porque se trata de la parte “más importante” del barco y en la que hay “más valor añadido y más mano de obra supone”.
Noria ha insistido en que esta cuestión “no tiene ningún sentido”, ya que el material está en Puerto Real y, por tanto, “habría que trasladarlo hasta Ferrol y subcontratar allí”, aclarando en este punto que el trabajo no es para la plantilla de Navantia, sino para las auxiliares de la Ría. Así, “tras llevar el material, subcontratar y hacer la obra allí habría que traerla de nuevo”.

Alcalde de Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), ha pedido explicaciones al PP por “quitar carga de trabajo a la Bahía de Cádiz”, ya que responsabiliza a ese partido de que Navantia “se lleve a Ferrol el trabajo de los petroleros asignado a la Bahía de Cádiz”. 

Ha expresado su “indignación” por este hecho, incidiendo en que “hay un responsable político en todo esto, y es el PP, que vuelve a las andadas quitando la carga de trabajo a la Bahía de Cádiz”. Al respecto, el regidor ha arremetido contra el Gobierno del Partido Popular por “volver a maltratar duramente a nuestra tierra”.

El Gobierno de San Fernando

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Fernando muestra su preocupación por el nuevo “varapalo” con el que desde el gobierno de España se está castigando a la Bahía de Cádiz y a su industria naval.

Que una parte considerable de la carga de trabajo que aporta la construcción de los petroleros de Ondimar en Navantia sea trasladada a Ferrol es una “mala noticia que se conoció además de manera oficiosa, sin que los afectados por esta decisión, los trabajadores de las plantillas de los astilleros gaditanos, hayan recibido información alguna de primera mano ni se haya producido reuniones para explicar la estrategia que debe seguir el gobierno para hacer cumplir los plazos de estos encargos”.  

Desde el gobierno local se considera inadmisible, en las condiciones en las que se encuentra la industria naval y con ella las empresas auxiliares de la Bahía, una decisión a la que se le quiere restar importancia, cuando estamos hablando de la construcción de un macro-bloque de 600 toneladas que por sus características requiere de un considerable número de horas de trabajo.

Una carga de trabajo que es fundamental para la viabilidad de los astilleros gaditanos y las empresas auxiliares. Este éxodo de miles de horas que se nos marchan, planeado por el gobierno, lo originan en un momento en el que se dan las condiciones para que se puedan incrementar los contratos que aseguren el futuro de Navantia.

La industria naval es un sector estratégico para la provincia, actualmente es el único sector económico capaz de general a corto y medio plazo un volumen importante de empleo y además de calidad, con la repercusión que ello conlleva para la economía de la ciudad y de la Bahía de Cádiz en su conjunto.

Ante esta circunstancia, el gobierno de San Fernando defiende la necesidad de ejercer la unidad de acción de todos los grupos políticos, instituciones y colectivos ciudadanos en defensa de la carga de trabajo de Navantia en San Fernando, Cádiz y Puerto Real, por lo que propondrá una declaración institucional para trasladar al Pleno municipal y que cuente así con el respaldo de todos los partidos políticos con representación en el Consistorio.

“Es deseo de este gobierno que el apoyo unánime y sin fisuras suscrito por todos, como ejemplo de acción común que en reiteradas ocasiones nos han pedido los trabajadores y trabajadoras de Navantia a través de su comité de empresa, sea atendido por el gobierno de la nación, reconsiderando una decisión que en este caso vendría a contar con la oposición de toda la ciudadanía de San Fernando”, dice el comunicado del Gobierno local de La Isla.