Los abogados de la defensa de la empresa Aldía, Miguel Delgado, y del ex alcalde Patricio González, Fernando Viñas, explicaron el dictamen del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras de sobreseimiento provisional del conocido como caso Somixur (Sociedad Mixta de Urbanización), iniciado a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que indicaba un desfase de 13,8 millones de euros en perjuicio del Ayuntamiento de Algeciras, que tiene cinco días para recurrir el auto. La petición del Consistorio en este caso era de 20 millones de euros como indemnización.
Los letrados subrayan que el caso ha sido sobreseído porque los 10.000 folios y 13 cajas de contratos de ventas de viviendas “demuestran que no existe delito” y no que “haya falta de pruebas”. Además denuncian una que “la fiscal provincial Virginia Alonso y la Audyco de la Guardia Civil fueron engañados y usados por los políticos”, algo que, indican, también sostienen los peritos judiciales que analizaron el caso.
Como ejemplo citan que la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz presentó “una denuncia con ocho folios escritos a una cara” y que la fiscal empleó “24 folios, tres veces más, en el escrito para justificar el archivo del caso”. Igualmente consideran “un contrasentido” que el Ayuntamiento denunciase a Aldía y al presidente de Somixur en aquel momento, Patricio González, “cuando el Ayuntamiento controlaba el 51% de la sociedad y era el que tomaba las decisiones, que eran aprobadas previamente en el Pleno con el apoyo de todos los grupos a excepción de Izquierda Unida, que se abstenía por actitud política”.
Los abogados argumentan también que Somixur entró en concurso de acreedores por decisión del Ayuntamiento, mientras que Aldía defendía que era viable. “Los administradores concursales ya comprobaron en su momento que no había delito y que incluso se produjeron ventas por encima del precio en el que habían sido fijadas las construcciones”. Incluso, añaden, “Aldía pagó más de 3,7 millones de euros de beneficios al Ayuntamiento, cuando había prometido 650.000 euros y una denuncia decía que solo había aportado 153.000 euros”.
También señalaron a la Cámara de Cuentas, de cuyo informe partió este caso y “sin embargo,el negó al Juzgado de los Contencioso de Algeciras dos veces la entrega de las tasaciones, se la negó también al Juzgado de lo Mercantil y al Juzgado de Instrucción se las ha dado tras negarse dos veces”. Acalaran también que “uno de los peritos judiciales había trabajado en la empresa externa que realizaba las tasaciones y dijo que sintió vergüenza al verlas y que estaban hechas con la finalidad de constituyesen un delito”.
Casos
La defensa explicó también algunos casos concretos. En uno de ellos, el de las instalaciones deportivas de La Menacha, el acuerdo era que si finalmente no se llevaba a cabo, Aldía pagaría 1,3 millones de euros al Ayuntamiento. “El secretario municipal dio fe de que el pago se produjo porque el pleno del Ayuntamiento votó que no se construyera porque preferían contar con el dinero”, explicaron.
En otro de los casos, la denuncia recogía que familiares de directivos de Aldía habían adquirido viviendas a un precio menor del que habían sido tasadas. “Sin embargo, se demostró, por ejemplo, en uno de los casos, que todas las viviendas de la letra H de un edificio se habían vendido al mismo precio, pero los tasadores solo valoraron las viviendas de los que habían sido denunciados”, expusieron.
En el caso se recogían también la imputación de delitos societarios y fiscales que generaron la imputación a “6 ó 7 sociedades y unas 40 personas, pero los inspectores judiciales demotraron que no hubo delito”.
