Miriam Alconchel se ha convertido en uno de los nombres propios más destacados del PSOE jerezano en los últimos tres años. Asumió las riendas del partido en un momento crítico -todavía lo sigue siendo- y desde hace cuatro meses es la delegada territorial de Políticas Sociales.
—Le ha tocado un toro bravo en tiempos de crisis…
—Soy consciente de la importancia de la delegación en unos momentos difíciles en los que desde el Gobierno central se cuestionan los pilares básicos del estado del bienestar y lo ponen en peligro por medio de sus continuos recortes. En Andalucía estamos demostrando que vamos por la vía contraria y que el sistema es sostenible, a pesar de las reformas legislativas y los recortes que se le imponen a nuestra región de manera injusta e insolidaria. Estamos para defender y demostrar que el sistema es sostenible, de una manera eficaz, eficiente y con excelencia en lo que respecta a los servicios básicos, desde la educación al ámbito que me compete, que son los que permiten la igualdad de oportunidades, la defensa de un sistema sanitario público y gratuito y también la de la ley de depencia, de la red de servicios sociales básicos, en la lucha contra la exclusión social...
—Estamos hablando de muchas competencias...
—Son muy importantes porque afectan a la vida de los ciudadanos y en momentos de crisis hablamos de mantener las políticas de igualdad de género y de oportunidades, porque ahora son esenciales ante el distanciamiento entre calidad de vida y situación de las personas, o mantener un sistema sanitario público universal y gratuito, cuando vemos que en otras comunidades ya no existe el concepto de universalidad o se procede a la privatización, o hablamos de políticas sociales cuando vemos que el Gobierno central se carga el plan concertado de servicios sociales o ataca a la ley de dependencia. En Andalucía tenemos que mantener ese sistema haciendo un sobreesfuerzo y con medidas innovadoras, como el decreto contra la exclusión social o planes de choque para crear empleo, que es lo más importante en momentos como éstos.
—¿Cómo interpretó su designación para el cargo?
—Los nombramientos miran la clave territorial. La agrupación de Jerez es potente y fuerte, pero independientemente de los guiños, que supone un respaldo para la agrupación, para mí ha sido una oportunidad importante para entrar en la gestión y la resolución desde la administración para ayudar a resolver los problemas, después de que fuera un ámbito al que me dedicaba a nivel interno del partido..
—¿Cuáles entiende que son las prioridades ahora mismo de la provincia?
—Los objetivos son importantes porque estamos en una provincia marcada por el desempleo, con verdaderos dramas sociales, con un mapa sanitario que hay que ir completando y en unos momentos en los que hay que sostener el sistema y aplicar todas las medidas para que no haya retroceso, sino para avanzar en prestación de servicios de calidad y excelencia. La Consejería ha priorizado el sostenimiento del estado del bienestar y estamos dando respuesta a las personas que lo peor lo pasan, en la protección de mayores, menores y dependientes, de las mujeres que padecen violencia machista, y mantener la cartera de servicios sociales actual que es una de las más amplias de entre todas las comunidades de España, sin olvidar que lo estamos logrando sin recortes, ni despidos, ni privatizaciones..
—¿Y cuál es su mayor preocupación en estos momentos?
—Se centra en los que más necesitan y no encuentran respuesta en otras administraciones. Las familias lo pasan mal y hay medidas para afrontar esas situaciones, como el salario social, el ingreso mínimo de solidaridad, los planes de choque por el empleo, como el de empleo verde, el de rehabilitación o el plan OLA, que se van poniendo en marcha para ir generando empleo, ya que es la única manera para evitar que las familias caigan en riesgo de exclusión social. Creo que la gran preocupación debe pasar por activar todas aquellas políticas que vayan encaminadas a cambiar el destino de estas familias para normalizar la situación. Todo ello unido a medidas impulsadas que contribuyen a lograr ahorro para seguir apostando por el sistema y que no tienen repercusión negativa sobre el servicio que se presta a los ciudadanos.
—Mantener el Estado del Bienestar se ha convertido en el principal punto de fricción con el PP en los últimos tiempos...
—El PP ha tocado los pilares básicos de nuestra sociedad, empezando por los mayores, de la mano del copago, la bajada de pensiones, el ataque a la ley de dependencia… De ahí que hayamos dejado de ejecutar determinadas medidas impulsadas desde el gobierno central o apoyando las que se ven mermadas, como ocurre con el complemento de las pensiones en un 2%. En Andalucía por ejemplo se le presta asistencia sanitaria a todo el mundo, incluidos los inmigrantes sin papeles, o hemos dejado de aplicar el copago en las farmacias hospitalarias, o sí apostamos por la atención en la reproducción asistida de la mujer, independientemente de su estado civil. En dependencia, siendo un sistema cofinanciado entre Estado y Junta al 50%, hoy día Andalucía ha tenido que elevar su participación al 72% para paliar las medidas que imponen que, sin derogar la ley, por la vía de los hechos sí lo hacen. En Andalucía podemos afirmar que no estamos viviendo las situaciones que se padecen en otras comunidades como Madrid o Valencia o Castilla La Mancha donde gobierna el PP.
—Una de las cuestiones más candentes en este momento para su Delegación se encuentra en la polémica desatada en torno a la renovación del concierto con los hospitales de la empresa Pascual, ¿dónde se encuentra el desacuerdo de cara a la renovación del concierto sanitario?
—Se está negociando porque en ningún momento desde la Junta de Andalucía se cuestiona la continuidad de la prórroga. Lo primero que hay que decir es que el concierto, según la ley, funciona como algo complementario a la sanidad pública, pero regido y con todas las garantías del sistema sanitario público y por los pacientes que el propio sistema les deriva. En Andalucía hay 16 centros concertados con 6 empresas distintas. Con cinco de ellas se han negociado los conciertos a partir del ajuste económico necesario, de igual forma que hemos hecho en la propia administración pública y en nuestro propio sistema, pero lo cierto es que en el caso de los conciertos no se les pide ningún esfuerzo más que el que la propia administración ha llevado en su propia casa. Hemos prorrogado el concierto y se está dialogando en la búsqueda de un acuerdo a través del consenso y estoy convencida de que tratándose de un sistema sanitario como el nuestro se llegará al mismo.
—Pero la Junta no está dispuesta a asumir las condiciones del empresario...
—No. De hecho, el que se haya procedido al periodo de prórroga actual de forma unilateral es porque la Junta le ha comunicado al empresario que al igual que las demás empresas con las que tiene conciertos y al igual que con las empresas públicas es necesario ajustar. Lo único que se plantea es el ajuste necesario y que se ha aplicado a todo el mundo, y que no ha afectado ni al empleo ni a la cartera de servicios.
—Se vienen diciendo muchas cosas acerca de la decisión de la Junta y de la negociación: la Junta habló de un 5% de reducción, después de un 2,3% y el comité de más del 30%. Después sobre la prórroga, el comité asegura que no puede existir porque el convenio acababa en 2015, y que lo que se quiere es romper el contrato. ¿Qué hay de cierto o no en todo ese baile de cifras y lecturas?
—Realmente nunca se ha planteado un 33% ni esos niveles de recorte. En la negociación hay distintos márgenes de porcentajes y veremos al final como acaba, pero insisto en que no se pide nada más que lo que se ha pedido a otras empresas con conciertos. La prórroga es legal, ya que el concierto finalizaba en enero y al no haber acuerdo entre ambas partes en las condiciones de la prórroga, hemos tomado la decisión nosotros bajo el compromiso de proteger los servicios sanitarios que se prestan de establecer una prórroga de dos meses a través de una prerrogativa legal. No entendemos que se discuta porque la ley de contratos públicos es bastante clara al respecto. Existe el concierto, está prorrogado y los ciudadanos tienen las mismas garantías en la prestación del servicio público sanitario y tienen todo el derecho a ser atendido.
—Desde IU han propuesto que la Junta expropie esos hospitales o rescate el servicio, ¿manejan esas opciones?
—Sólo contemplamos que a través del diálogo se llegue a una solución del conflicto.
—También se comenta que detrás de la negociación puede estar la compra del Hospital San Carlos y evitar esa dependencia de la empresa Pascual porque el 25% de las operaciones en 2013 eran en centros suyos. ¿Tanto depende la Junta de Pascual y es la nueva apuesta por hospitales públicos el que se opte por la gestión directa antes que por conciertos con empresas privadas?
—Los porcentajes se dan a veces muy a la ligera y hacer esa afirmación tan rápida ni responde a la realidad ni a un estudio pormenorizado de por qué se deriva, cómo se deriva y a qué corresponde esa derivación. Es verdad que tenemos hospitales que están dando respuesta, para eso están concertados, y en ese sentido nuestra postura es la de seguir negociando. Si lo de San Carlos influye o no, parece que se quieren mezclar muchas cosas y buscar teorías extrañas para intentar explicar una negociación a la que solo cabe una explicación, que es la que ya he reiterado en varias ocasiones. La Junta está, dentro de las posibilidades presupuestarias, llevando a cabo revisiones de conciertos igual que de los gastos propios en las empresas públicas. Se ha negociado con otras empresas, incluso en la provincia con la Orden de San Juan de Dios, y con Pascual se hace lo mismo, no influye otro elemento que el de llevar a cabo una política de renegociación de los conciertos y dentro de los márgenes de ajuste que se aplica la propia administración. Buscar otros argumentos para explicar la presente negociación no se ajusta a la realidad.
—En cualquier caso parece evidente que la Junta va a apostar por la gestión directa del Chare de Vejer y el Hospital de la Línea...
—Por supuesto. Apostamos por lo público y la previsión que hay es finalizar las obras. Hay dificultades económicas que impiden que todas vayan al ritmo debido, pero se han planteado como hospitales públicos y lo serán.
—¿Qué reivindicaciones sindicales tiene encima de la mesa en materia de sanidad?
—Lo más evidente es el descontento y la preocupación de los profesionales eventuales con los contratos al 75%. Con las modificaciones laborales del gobierno central que obliga pasar de 35 a 37 horas y media de trabajo, esa medida habría provocado el despido de 8.000 profesionales, despidos que en ningún momento nos hemos llegado a plantear. Los contratos al 75% suponen un esfuerzo personal que se le pide a los eventuales, un esfuerzo individual que cada uno de ellos sufre en su nómina y en su casa, que entendemos que genere malestar, pero hay que entender que no es una medida caprichosa, sino para evitar cualquier tipo de despido y para mantener el empleo público y sobre todo el servicio público. Agradezco a los profesionales, pese al lógico malestar, que entiendan la medida, porque actúan con iniciativa, con profesionalidad, y en gran parte cuando hablamos del 96% de satisfacción del SAS en buena parte se debe a ellos.
—Este año se ha vivido cierta psicosis en torno a la incidencia de la gripe A, ¿qué balance se hace hasta el momento de la epidemia?
—Este año no ha sido más duro. Los síntomas se han presentado con más intensidad, pero la tasa no es más alta que en años anteriores y ha sido más baja que en otras comunidades. Es verdad que cuando hay fallecimientos es algo que impacta, pero pacientes que tengan patologías previas pueden ver debilitada su salud a causa del virus, pero no hay nada excepcional.
—Pero ha quedado de manifiesto que en casos como éste los centros de atención primaria se colapsan, así como los hospitales, ¿cuál es actualmente la planificación prevista para ampliar los centros sanitarios de la provincia?
—Cuando hay alta frecuentación hay más demanda, pero se ponen en marcha los mecanismos, poniendo a disposición de los pacientes más camas, contando con personal de refuerzo y se intenta atender la demanda. Se han hecho campañas informativas y por ejemplo ha funcionado muy bien el sistema de Salud Responde. En cuanto al mapa sanitario, hay centros de salud avanzados y previstos, y las obras empezadas acabarán, en cuanto a las nuevas obras, aquellas que dependen con convenios con Diputación, la Junta está cumpliendo con su parte y esperamos que Diputación cumpla con la suya.
—Si se cumplieran algunas de las amenazas de la empresa Pascual, la demanda sanitaria se masificaría en hospitales como el de Jerez, ¿qué previsión de construcción de nuevos hospitales hay en este momento?
—Los que ya están iniciados se trabaja en su finalización, como el caso del Hospital de la Janda. Pero siempre se ha hablado por ejemplo de un segundo hospital para Jerez o para Cádiz, y esos proyectos presupuestariamente ahora mismo no se pueden acometer, aunque no se renuncia a nada. El mapa sanitario de la provincia incluye compromisos que se llevarán a cabo dentro de las posibilidades presupuestarias. Pero tampoco hay que olvidar las mejoras que se están acometiendo en los centros sanitarios que hay en estos momentos para dar cobertura a más demanda.
—En el área de Jerez, sólo el pasado año, más de 800 mujeres solicitaron la interrupción voluntaria del aborto. ¿Cómo cree que acabará el proyecto de reforma impulsado ahora desde el Gobierno central?
—Me parece un ataque absoluto a los derechos de la mujer, y retrotraernos a épocas remotas de privación de libertades, al tiempo que sitúa a España a la cola de los países que han tenido reformas legislativas al respecto y que ofrecen garantías como las que en este momento se contemplan en nuestro país. Es un proyecto de ley que contempla además medidas tan crueles como la de quitar de en medio el supuesto de malformaciones y enfermedades graves para la vida del no nacido y condenarlo a nacer con una sentencia de muerte y provocando un sufrimiento vital que se podría evitar con la interrupción del embarazo en esas situaciones.
—Esta semana se han conocido nuevos datos sobre desigualdad entre géneros, en lo que respecta a salarios, principalmente, en la empresa privada; todavía queda mucho camino por recorrer al respecto...
—Queda mucho camino por recorrer y muchas medidas del gobierno central que intentar corregir o paliar, porque los ataques a los derechos de la mujer no vienen solo a través de la reforma laboral o con la del aborto, sino cuando el gobierno se carga la ley de dependencia, que garantiza una asistencia a los beneficiarios, y una calidad de vida a quienes tradicionalmente han sido sus cuidadoras. Suponía una generación de empleo que fue toda una revolución, una oportunidad real para muchas mujeres, y sin embargo a medida que el Gobierno central se carga el sistema de dependencia condena asimismo a las mujeres al ámbito doméstico y a la pérdida de derechos laborales y de empleo. Lo grave no es que quede mucho por caminar, sino que la derecha se empeña en que sigamos retrocediendo.
—¿Y queda también mucho camino en materia de violencia machista?
—Desde el IAM hay un amplio sistema de asesoramiento, de atención, programas de prevención… se hace trabajo importantísimo.
—¿Se ven los resultados?
—La verdad es que son muchísimas las mujeres que acuden a título individual, los colectivos que participan, jornadas en las que se habla y participa, y eso es muy importante porque se rompe la barrera del silencio, que se piense que eso es algo doméstico y sin saber que se es víctima de violencia de género.
—¿Con la reforma local sería el IAM quien asumiría las competencias que en esta materia mantienen ahora los ayuntamientos?
—Hay que estudiar los efectos de las reformas para ver cómo actuar, porque va contra la autonomía local. Se va a recurrir, ya que ni siquiera se ajusta al Estatuto de Autonomía. Nos preocupa la pérdida de los recursos de proximidad. Si se centraliza en Diputación, una señora acostumbrada a acudir al centro de la mujer de su pueblo tendrá que hacer muchos kilómetros para que la atiendan. Esa es una de las muchas maldades que encierra esa reforma.
—Otra de las iniciativas destacadas puestas en marcha es la del plan contra la exclusión social, pero la experiencia demuestra que hay cosas que corregir, como se ha puesto de manifiesto en el caso de Jerez.
—El decreto de exclusión social apuesta por la inclusión a través del empleo y se dirige a personas en situación de exclusión social: parados de larga duración, familia numerosa con menores a cargo, con todos sus miembros en paro… personas con verdaderas dificultades para acceder al mercado laboral y sin ingresos. La apuesta era subvencionar a los ayuntamientos la contratación de personal. A todos se les dejaron claras las condiciones de contratación, incluso que ellos podían complementarlos en la medida que consideraran necesaria. Para la provincia ha habido casi 8 millones de euros. Pero nos hemos encontrado con declaraciones sorprendentes. Ahora habrá que estudiar cada caso concreto, ver a qué prestaciones tienen derecho. Los que no tengan ingresos tendrán derecho al salario social, los que cumplan los requisitos tendrán derecho al desempleo, pero sí quiero recordar que tras la experiencia se van a incorporar mejoras en el próximo decreto y se va a apostar por el empleo como forma de inclusión.
