Alcalá Suma ha emitido un comunicado de apoyo “a las reivindicaciones del Personal Técnico de Integración Social (PTIS), cuyo trabajo consiste fundamentalmente en dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado más vulnerable (parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, sordociegos, problemas de control de esfínteres, etc.)”. Según dicha plataforma “este servicio llevado a cabo por profesionales, que constituyen literalmente el bastón de nuestros niños con más dificultades y el principal apoyo y alivio para sus familias debido a la relación tan estrecha y especial que se produce, pasó de ser un servicio esencial a un servicio complementario en virtud del Decreto 231/2021. Esta situación, que permitió privatizar o externalizar este servicio esencial desempeñado en centros públicos a favor de empresas fantasmas bajo licitación previa, ha sido en múltiples ocasiones denunciada ante la justicia por los PTIS ya que es muy frecuente que estas empresas no cumplan con las condiciones exigidas y no suelen aportar a sus trabajadoras unos datos mínimos de las necesidades específicas del alumnado (aulas dónde deben desempeñar su función, alumnado al que asistir, tipo de asistencia que requieren, etc.)”.
Desde Alcalá Suma se pide que “una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha resuelto varias veces a favor del colectivo afectado, voluntad política para acabar con esta situación de ilegalidad y abuso de estas empresas que se saltan los trienios, que no aplican la antigüedad y que no pagan los veranos entre otros muchos más abusos a fin de obtener beneficios económicos a costa de profesorado y alumnado. Además, demandamos que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad, ya que es quien licita el servicio y quien no está garantizando la mejor atención y seguridad de estos niños y sus familias, y que la Consejería de Educación deje de delegar en Inspección de Trabajo (más si cabe porque cuando el Partido Popular estaba en la oposición lamentaba esta misma situación abiertamente y defendía en 2016 el carácter esencial del servicio y estas eran las palabras de la actual Consejera de Educación cuando estaba en la oposición: “no creo que haya un grupo parlamentario aquí sentado que no haya tenido ocasión de escuchar sin avergonzarse las condiciones en las que efectúan su trabajo las monitoras escolares, especialmente las monitoras de educación especial”, “no lo podemos permitir, ni como diputada ni como ciudadana”, “sus condiciones nada tienen que ver con las laborales de la Junta que hacen el mismo trabaja, nada que ver, es una vergüenza”).
Sin embargo, “el Partido Popular ahora que está en el gobierno no reconoce el conflicto que antes defendía. La Junta, además, no vela por el cumplimiento de la licitación o convenios que ellos mismos firman con estas empresas que luego incumplen lo acordado sin sanción alguna, no sancionan a las empresas cuando incumplen y saben que son cesiones ilegales”. En conclusión, Alcalá Suma “lamenta la inacción de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Educación que impide a las trabajadoras del sector conseguir una más que merecida estabilidad y que deja desatendidos a miles de niños con necesidades especiales y sus familias en lo que es un completo menosprecio a la educación inclusiva de la que toda sociedad democrática y avanzada debe disfrutar”.
