Los agricultores esperan con reservas y preocupación la evolución del anteproyecto de ley del gobierno para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
La base de este proyecto, también criticado por petroleras y gasísticas, es trasladar costes de la factura eléctrica a gasolinas, gasóleos y gas, lo que supondría un gran impacto al sector primario y para la población rural del país. Un temor y preocupación que ya ha trasladado Asaja, una de las principales asociaciones representantes del sector agrario, que envió hace unas semanas una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le hacían llegar sus preocupaciones y dudas por el anteproyecto que se está tramitando.
A su entender, la reforma supondría un incremento del coste energético para el medio rural, ya que dependen más del gas y de los hidrocarburos que en zonas urbanas donde la electrificación es mayor.
Desde la asociación no ponen en duda la hoja de ruta y los objetivos de descarbonización en el planeta, pero si dejan claro que les supondrá un claro perjuicio al competir en las exportaciones con otros países que no tendrán ese incremento en los costes de la factura energética.
El impulso y el apoyo a la España vaciada y la preocupación por la despoblación, principalmente en el interior, tampoco es para los agricultores coherente ni se alinea con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, ya que encarecería la factura de los habitantes de las pequeñas localidades de interior dedicadas principalmente al sector primario.
El sector agrario se siente especialmente afectado no solo por esta reforma sino también por la de la factura eléctrica y el cambio en los peajes. Asaja advierte que las nuevas facturas serán un importante mazazo para los que se dedican al cultivo de regadío, que penaliza a la agricultura más productiva y desarrollada y que tendrá un impacto directo tanto en los ingresos como en la modernización y las inversiones en renovables para la sostenibilidad del regadío. Según sus estimaciones la subida supondría un sobrecoste de entre el 40% y el 50% en la factura eléctrica.
Estas quejas han trascendido también al ámbito político donde muchas agrupaciones, como Teruel Existe, de momento la única con representación parlamentario, pero con muchos proyectos iguales tomando forma en provincias como Soria o León para tener también voz en el Congreso, han alertado de las consecuencias del anteproyecto de ley para los territorios del interior. El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ya dejó claro a la ministra que la medida penaliza claramente a la España interior y rural y le hizo saber la importancia del gasóleo y el gas para la calefacción en las poblaciones rurales.
El fondo “potencia las zonas donde se consume electricidad frente a las zonas interiores, que no han tenido más obligación que recurrir al gasóleo y a los gases licuados porque el peso específico de la calefacción es tan potente que hacerlo con soporte eléctrico es inasumible para sus economías”, aseguró Guitarte en el Congreso.
