De nuevo la Justicia le da la razón al gobierno local en otra de las causas interpuestas contra la Corporación municipal desde que llegaran a San Juan de Dios. Hace casi dos años, el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, entonces con Juan Manuel Pérez Dorao al frente, denunciaba a David Navarro por malversar fondos siendo director de la sociedad Cádiz 2012. La formación naranja acusaba al ex concejal de “presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra derechos civiles”.
El grupo de la oposición señaló a Navarro por haber cedido las instalaciones de la Casa de Iberoamérica de manera gratuita para la celebración de eventos, “de manera unilateral y sin control del consejo”. “Esta actuación constituye una usurpación de funciones consistente en el ejercicio de actuaciones decisorias sobre las operaciones sociales que no corresponde al presidente sino al consejo de administración”, defendía Ciudadanos en la denuncia que presentaron en febrero de 2019.
Apenas unos meses después, la Fiscalía solicitó archivar la causa , argumentando literalmente que “no se ha podido detectar dolo penal alguno en su actuación como presidente de la misma”. Sin embargo, la formación naranja no desistió en su intento y recurrió al Juzgado de primera instancia para continuar adelante con la causa.
En enero de 2020 la Fiscalía volvió a pedir el archivo de la demanda. No obstante, tanto Pérez Dorao como María Fernández-Trujillo (ya para entonces exconcejales de la formación) seguían manteniendo en firme sus acusaciones y solicitaban cuatro años de cárcel para Navarro y diez de inhabilitación en el plazo de alegaciones. El edil, como respuesta, interpuso un recurso de apelación en febrero.
Después, como es bien sabido, llegó la pandemia que paralizó la vida civil y judicial. Al retomarse hace unos meses el caso volvió a ponerse en marcha y el pasado 21 de diciembre la Audiencia Provincial de Cádiz acordaba el sobreseimiento de la causa dando la razón a David Navarro.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, recoge declaraciones del anterior presidente de la Cádiz 2012, Juan José Ortiz, en las que afirma que “es cierto que en su mandato no se cobraban las tasas de uso de las salas de la Casa de Iberoamérica, si el acto que se realizaba era de carácter cultural, social o institucional, ni tampoco si se trataba de actos del Ayuntamiento, que la decisión de si se cobraba o no correspondía a la Gerencia o a la Presidencia”. Justamente por ello entiende la Audiencia Provincial que “no cabe entender la existencia de indicios de delito”. “Entendemos que no existen indicios de que las decisiones del investigado hayan generado un resultado injusto, pues no consta la cesión a entidades con ánimo de lucro que no hubiesen sido exoneradas del pago si la actuación hubiese sido derivada al Consejo”.
