El PSOE-Chiclana muestra su preocupación por la situación en la que se encuentran los Servicios Sociales Comunitarios y la problemática surgida en los últimos meses en relación a los servicios a personas en situación de dependencia. En este sentido, el portavoz de la Ejecutiva Local y secretario de Política Municipal, Francisco Cifredo, recuerda que hace 15 años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero situó a España a la vanguardia de los países avanzados en cuanto a Servicios Sociales, promulgando la Ley 39/2006, y garantizando como derechos una serie de prestaciones a las personas en situación de dependencia”. “Además, el artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que las personas que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad, con garantía pública, necesarios para su desarrollo personal y social. Esto ha provocado que, durante estos años, se haya ido desarrollando todo un sistema administrativo para la gestión de las prestaciones garantizadas por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, comenta.
“Sin embargo, durante el Gobierno del PP de Rajoy, siendo Juan Manuel Moreno Bonilla el secretario de Estado de Servicios Sociales, vimos cómo ambos no respetaron la financiación prevista inicialmente en la Ley de Dependencia, de financiación al 50 por ciento, disminuyendo la aportación estatal. Esto demuestra el nulo compromiso del actual presidente de la Junta de Andalucía con el Sistema Andaluz de Dependencia”, expresa el responsable socialista, quien indica que “es obvio que el sistema de gestión precisa de mejoras, habida cuenta que existen unos 65.000 expedientes con derecho sin resolver, según admite el propio Gobierno andaluz, quien ya hace casi dos años prometió reducir las demoras, sin que, en este tiempo, haya dejado de crecer el número de expedientes sin resolver, además de los expedientes pendientes de resolución y sin valoración, que sobrepasa los 46.000”. “Y, por si fuera poco, ha intentado perpetrar un nuevo ‘atropello’ al municipalismo, en concreto a las competencias públicas de los servicios sociales y a sus profesionales”.
Asimismo, Francisco Cifredo incide en que “mucho nos tememos que estemos asistiendo a un desmantelamiento encubierto de los Servicios Sociales Comunitarios. Además, vemos cómo la Junta de Andalucía prosigue en su eliminación de funciones públicas y debilitamiento del municipalismo andaluz, pese a que los Servicios Sociales Comunitarios son la puerta de entrada de la demanda social de la ciudadanía y, por tanto, de la atención de las necesidades que se presenten en materia de dependencia”. “Por ello, los socialistas andaluces entendemos la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios, así como de gran parte de la ciudadanía, en cuanto a la necesidad de mejorar el actual sistema de tramitación de la dependencia. Sin embargo, ello debe hacerse desde el diálogo y el consenso entre todos los actores implicados, y no unilateralmente como parece pretender el Gobierno de Moreno Bonilla”, incide.
Por todo ello, el PSOE, a través de su Grupo Municipal, llevará al Pleno Ordinario del mes de octubre que se inste a la Junta de Andalucía a que deje sin efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en BOJA de 2/09/2020 y a derogar el Decreto 24/2020, y se avenga a consensuar, en el seno de la FAMP, un Plan Andaluz de Mejora de la Dependencia, respetando la labor de los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios. “Asimismo, instamos al Gobierno de Moreno Bonilla a que en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2021 lleve a cabo un refuerzo de recursos humanos y de medios materiales, así como a no privatizar la tramitación de las solicitudes de Dependencia ni a reducir la calidad e intensidad de las prestaciones que se conceden en nuestra Comunidad Autónoma”, comenta Francisco Cifredo, quien añade que “también instamos al Gobierno de España a recuperar la financiación del Sistema Andaluz de Dependencia, en los términos previstos inicialmente en la Ley (50/50), reducidos por el Gobierno del PP”.
