La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha dicho "entender perfectamente" tanto las protestas convocadas por los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) ante el cierre de las aulas como las declaraciones al respecto realizadas por la rectora, Pilar Aranda, aunque ha mostrado "respeto" por "lealtad institucional" a las decisiones que como "mando único" adopta la Junta de Andalucía en la lucha contra la pandemia.
"Entiendo perfectamente las protestas de todos los estudiantes e incluso entiendo las declaraciones de la propia rectora de la Universidad de Granada", ha señalado a los periodistas en sus declaraciones previas a la visita de las obras de las cubiertas en la Catedral de Jaén.
Dicho esto, García ha rechazado entrar en cualquier tipo de valoración por "respeto institucional las decisiones que ha adoptado la Junta de Andalucía, que es la que tiene el mando único y el comité de expertos".
"En este caso no me queda más que como representante del gobierno de España colaborar con la Junta de Andalucía, como lo estamos haciendo, con el resto de municipios y con las medidas que se están adoptando", ha apuntado la máxima responsable del Gobierno en Andalucía.
"Entiendo las movilizaciones de los estudiantes, las declaraciones de la rectora, pero tengo que respaldar también las decisiones de la Junta de Andalucía por lealtad institucional porque son los que ahora mismo son la autoridad sanitaria y son los que han tomado las decisiones", ha insistido García, al tiempo en que ha reiterado su deseo de "no entrar en detalles ni en valoración más allá de lo que he comentado".
Para García en la lucha contra la pandemia se precisa "tener mucha lealtad institucional" y por eso "el Gobierno de España está respaldando las decisiones que se están tomando las comunidades autónomas y por tanto la Junta de Andalucía".
Sobre la proporcionalidad de la medidas y, en concreto el cierre de aulas en la UGR, García ha señalado que "se tendrá que evaluar el efecto" y eso corresponderá al Gobierno andaluz, mientras que desde el Gobierno de España lo que se hace es poner a disposición de las comunidades autónomas "los medios que nos corresponden, que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
