Este procedimiento tuvo su origen en la denuncia que el concejal de IU, Andrés Martín, interpuso ante la fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz por un supuesto delito contra la ordenación del territorio porque el Ayuntamiento devolvió a su legítimo propietario unos terrenos que previamente habían sido cedidos al municipio para la construcción de un instituto de enseñanza que iba a llevar a cabo la Junta de Andalucía y que, posteriormente y por decisión del gobierno autonómico, se determinó que no era necesario construirlo.
El mencionado representante de IU observó, y así se lo trasladó a la fiscalía, que había existido una connivencia entre la familia Pérez Periáñez y el anterior alcalde, Juan Carlos Juárez, para beneficiar al propietario. Ante esas afirmaciones la fiscalía no dudó en presentar una denuncia ante el juzgado de instrucción de La Línea, el cual inicialmente imputó del mencionado supuesto delito no sólo a la citada familia, sino también a un técnico municipal y al posterior comprador de los mencionados terrenos.
Proceso dudoso
Este asunto arrancó en el año 1998, cuando aún no había llegado a la Alcaldía el ex primer edil Juan Carlos Juárez, siendo el origen del asunto un convenio urbanístico. Andrés Martín aseguró que el acuerdo adoptado por Juárez para resolver ese convenio se hizo con un procedimiento de dudoso ajuste legal.
Según él, esa parcela, que en su momento iba a ser utilizada para un instituto pero que finalmente se desistió del proyecto por decisión de la Junta, debería el Ayuntamiento haberse quedado con ella y podría haberla vendido a un precio muy superior al pactado en su día con la familia Pérez-Periáñez, haciendo ver, por tanto, que el Ayuntamiento había dejado de ganar el dinero que a precio de mercado tenía ese terreno, y que incluso podría existir un acuerdo encubierto entre la familia Pérez Periáñez y el ex alcalde.
El Ayuntamiento, en el año 2004 y al no realizarse el instituto y tras reclamaciones de la familia para la devolución de la parcela, tal y como figuraba en el convenio urbanístico, llevó el asunto a pleno y se devolvió legalmente esa parcela.
En el auto de la Audiencia Provincial se indica que no existen “datos mínimamente serios que pudieran llevar a pensar que es posible que existiera un uso de información privilegiada o un favorecimiento a terceros, por lo que lo único que resulta ajustado a derecho es ordenar el sobresemiento de la causa”.
