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Provincia de Granada

La exedil de Urbanismo defiende la legalidad de obras en el Serrallo

Acerca de la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar

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  • Isabel Nieto. -

La exconcejal de Urbanismo de Granada por el PP Isabel Nieto ha defendido la legalidad de las obras que se hicieron en el entorno del centro comercial Serrallo, en la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Provincial por este caso acerca de la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona en la que solo se podría haber creado un parque infantil.

En su declaración ante el tribunal, en un caso en que también están acusadas otras 16 personas, entre ellas el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado y otros siete ediles entonces, ninguno de ellos concejales ya en el Ayuntamiento, Isabel Nieto ha explicado que firmaba "a diario todos los decretos" que le llegaban, "con informes favorables" de los técnicos.

Ellos tenían "una altísima cualificación" y le "daban mil vueltas", ha señalado Nieto, quien ha declarado con toga, ya que en este juicio actúa también como letrada "en defensa propia", según manifestó en el inicio del juicio.

Pidió informes en el transcurso de la tramitación de la concesión administrativa del promotor, en tanto en cuanto no le "gustaba que allí se construyera una discoteca" pues, según ha explicado en su declaración, políticamente le preocupaba, en esa y otras partes de la ciudad, las "reacciones" de los vecinos.

Ante las preguntas de la Fiscalía acerca de distintos informes, "cada funcionario dijo lo que creyó conveniente decir", sobre la base de que el uso de estos espacios no están especificados en el Plan General de Ordenación Urbana, ha defendido también la ex edil, quien fue detenida junto con el entonces alcalde y otros altos cargos del Ayuntamiento, cuando ya estaba abierta esta investigación, en una operación que dio lugar posteriormente al llamado caso Nazarí sobre una supuesta trama de corrupción urbanística municipal.

Sobre su relación con el promotor Roberto García Arrabal, que también se sienta en el banquillo del juicio del caso Serrallo, que se celebra en una sala habilitada para macrocausas en el edificio judicial de Caleta, Isabel Nieto ha señalado que era "absolutamente ninguna ni con él ni con su familia ni con sus amigos ni con sus empresas".

El proyecto se planteó para que supusiera un "gran ahorro para la ciudad", ha indicado Nieto al inicio de su declaración, que se ha prolongado durante unas tres horas, y en la que solo ha respondido a las preguntas de la fiscal y los abogados de las defensas.

Ha explicado que el parque se dedicó a atracciones infantiles, después de varios anteproyectos presentados por la empresa para la explotación de la concesión administrativa.

En unos 34.000 metros cuadrados, se puede destinar, según marca la norma para este tipo de áreas destinadas a parque, un dos por ciento para uso terciario, ha especificado, agregando, en otro momento de su declaración, que "el hecho de introducir los edificios no hace desaparecer las atracciones"

"Un espacio libre no es un espacio verde" y "no es lo mismo una zona verde que un parque", ha añadido, aludiendo a un análisis "absolutamente incierto y erróneo" en el sentido contrario, a preguntas de la fiscal, Sara Muñoz-Cobo.

A preguntas de la defensa de Torres Hurtado, se ha mostrado "conforme" con la declaración del exalcalde como acusado este pasado lunes, en el sentido de que delegó competencias a sus concejales, "en lo que la ley le permitía delegar", ha especificado la que fuera su edil de Urbanismo.

Sobre la junta de gobierno local por la que están en el banquillo siete de los que eran sus compañeros en el equipo del PP en el Ayuntamiento, no tuvo ningún contenido económico, por lo que "no requería de informe del interventor", también acusado.

Ha agregado, en este aspecto, que no hubo ningún concejal que hiciera ninguna objeción, y que, en junta de gobierno local, "se aprueba todo de tirón sin que nadie intervenga", y "nunca" con informes técnicos desfavorables. Podía haber opiniones jurídicas contradictorias, ante las que se imponía el criterio de la Secretaría, como órgano "superior".

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