La Fiscalía ha pedido desestimar la imposición a Endesa de medidas cautelares para paliar las consecuencias de los continuados cortes de suministro en el distrito Norte de Granada al entender que los denunciantes no están legitimados para pedirlas ni han aportado un aval económico.
El Ministerio Público ha considerado improcedente exigir estas inversiones urgentes a la empresa durante la vista de medidas cautelares celebrada este viernes en el Juzgado de Primera Instancia 15 de Granada tras la denuncia interpuesta por tres asociaciones y una decena de vecinos contra Endesa.
Los denunciantes solicitaron que Endesa instale sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en la vivienda de un centenar de vecinos del distrito Norte de Granada, y generadores en los centros escolares, sociales y de salud, al entender que los reiterados cortes de luz atentan contra derechos constitucionales como el de la salud, la educación y a la no discriminación.
Según la Fiscalía, las asociaciones Anaquerando y Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) no pueden pedir estas medidas paliativas porque la legislación limita a asociaciones de consumidores la actuación contra una empresa eléctrica, y las personas físicas solo pueden pedir medidas para ellas, y no para un colectivo.
Ha apuntado además que los denunciantes no han aportado una caución, un dinero para cubrir el coste de esas medidas en caso de perder el juicio central de la causa, y que no existe riesgo de que Endesa vaya a desaparecer ni a quebrar.
Durante la vista, los denunciantes han asegurado que los reiterados cortes de luz suponen un "riesgo real" para la vida de una parte de los vecinos de Norte y que ocasiona problemas en la atención social y educativa.
Para ahondar en esa vulneración de derechos fundamentales han declarado responsables del centro de Salud de Cartuja y del de Servicios Sociales, que han expuesto que la falta de suministro es reiterada y que afecta a la atención sociosanitaria de los vecinos pese a que sus instalaciones sí disponen de luz.
También ha declarado el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, que ha lamentado que el distrito viva en condiciones propias del siglo XVIII y ha criticado un "abandono institucional".
Por parte de Endesa ha testificado la ingeniera responsable de recuperación del suministro, quien ha calificado de "técnicamente imposible" solucionar el problema de Norte porque, según sus datos, la empresa ya ofrece el triple de la electricidad contratada pero la potencia se pierde con enganches ilegales para cultivar droga.
Aunque los denunciantes han cifrado en un centenar el número de vecinos electrodependiente, Endesa ha asegurado que no existe ni un solo cliente con ese expediente activo y que los apagones se repiten pese al refuerzo de medios y potencia porque el barrio necesita una respuesta que va más allá de las instalaciones energéticas, tras lo que la titular del juzgado resolverá la vista en un plazo aproximado de una semana.
