La CHG cerrará en junio 77 pozos ilegales en Lucena y 4 en Almonte

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Paéz, ha indicado hoy que durante este de junio se van a cerrar 77 pozos ilegales en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva) y otros cuatro pozos de los que extrae agua la empresa Agrobionest, ubicada en Almonte (Huelva).

En una entrevista con Efe, Páez ha señalado que la empresa de agricultura ecológica Agrobionest es una de las industrias agroalimentarias que más agua ha extraído de manera irregular, hasta 0,5 hectómetros cúbicos.

"Los vamos a cerrar, clausurar y sellar de forma inminente", ha afirmado el responsable de la CHG, quien ha explicado que la empresa almonteña ha dirimido este conflicto en los tribunales, que han dado la razón a la Confederación en cuanto a que el agua que usaba no era privada.

La CHG clausura los pozos de manera subsidiaria, ya que el cierre de los 77 pozos, localizados en unas veinticinco hectáreas de monte público de Lucena y cuyo expediente se remonta a 2013, supone un coste de unos 70.000 euros, que después recuperará, ha precisado Joaquín Páez.

En los dos últimos años (2017 y 2018) la CHG ha cerrado en toda la cuenca del Guadalquivir más de 300 pozos ilegales.

A pesar de estas prácticas de extracción ilegal de agua en el entorno de Doñana, donde se concentran la mitad de los expedientes sancionadores de la cuenca del Guadalquivir, su presidente ha asegurado que el 90 % de los regantes son legales porque tienen concedidos los derechos de agua o están en proceso de regularización.

No obstante, ha advertido de que no va a ceder a las "muchas presiones" que ha recibido en los últimos meses de "agricultores ilegales" agrupados en una asociación minoritaria del condado de Huelva y que se han manifestado pidiendo su dimisión.

Ha denunciado que detrás de dicha organización, en alusión a la asociación de agricultores del condado onubense, hay un partido político, el Partido Popular, que "se pone a favor de esos agricultores sin preguntar a la CHG" por las "prácticas ambientales insostenibles que llevan a cabo".

Además, se han producido hechos "muy desagradables" como fue la "persecución" hace unos meses de un trabajador de la CHG y ha avisado de que "no consentirá que se ponga en tela de juicio la profesionalidad del trabajador agredido" por los agricultores.

Ha garantizado que el Gobierno central respalda totalmente la actuación de la CHG en el entorno de Doñana y le "consta" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "está al tanto de todo lo que pasa" en ese entorno natural.

Al margen de este episodio con una asociación "minoritaria", la relación del presidente de la CHG con los regantes del Guadalquivir es "excelente", ha destacado.

"Queremos resolver los problemas de los regantes, pero no me van a encontrar justificando prácticas ilegales" porque hay otras asociaciones como la del Condado que tienen problemas al estar regularizando los riegos, pero hay colaboración y confianza.

Sin embargo, ha añadido que "cualquier asociación de ilegales tendrá que intentar solucionar sus problemas", ya que la Junta es la que tiene las competencias en suelo agrícola y para poder legalizar sus cultivos se tiene que cambiar el plan de la corona norte forestal de Doñana, por el que todos los agricultores que tuvieron acreditado haber regado antes de 2004 podían hacerlo.

"Yo no puedo construir una casa en mi pueblo donde quiera", ha puesto como ejemplo de prácticas ilegales de cultivos en monte público.

Además, el plan hidrológico del Guadalquivir, elaborado conjuntamente por la CHG y la Junta, impide establecer nuevos regadíos que no esté planificados y, por lo tanto, ha apostillado: "Ya puede venir el ministro a comprar una finca para cultivar sus fresas que, si es nuevo regadío, no le vamos a dar agua".