Subir cada año de manera permanente las pensiones en función de un IPC del 2% conllevaría un aumento del gasto de hasta 327.000 millones de euros en las próximas décadas, según cálculos realizados en un artículo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaborado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente.
El autor analiza en este artículo cuánto costaría suprimir el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limita su subida al 0,25% en situaciones deficitarias del sistema, para actualizarlas con un IPC previsto del 2%.
Con el repunte de la inflación y dada la "impopularidad" de una fórmula que implica subir las pensiones sólo un 0,25% anual, el IRP se ha suspendido de manera provisional tras varios años aplicándose, aunque existe un amplio consenso entre los principales partidos políticos para derogarlo de manera definitiva y volver a la indexación de las pensiones al IPC.
En el informe de Fedea se hacen dos cálculos: por un lado, el gasto que implicaría subir las pensiones con un IPC del 2% durante un único año para después actualizarlas en función del IRP y, por otro, el coste de suprimir permanentemente este índice para revalorizar cada año las pensiones conforme a una inflación estimada del 2%.
Partiendo de que el gasto público en pensiones supuso en 2017 un total de 135.000 millones de euros, Fedea calcula que el coste adicional de subir las pensiones hasta el 2% (IPC previsto) sería de 2.363 millones de euros.
Fedea advierte de que, aunque este coste inmediato es "relativamente modesto" e iría decreciendo con el paso del tiempo, los efectos de revalorizar las pensiones un 2% en un único ejercicio para después volver a subidas del 0,25% "persistirían durante varias décadas" y darían lugar a un aumento acumulado del gasto de unos 30.000 millones de euros a precios constantes, es decir, 13 veces el coste inicial.
Si la supresión del IRP fuera permanente y las pensiones se actualizaran cada año un 2%, esta cifra se elevaría hasta 327.000 millones de euros de euros a precios constantes de 2018, considerando sólo los efectos de esta medida sobre la población ya jubilada en 2017. A esta cantidad habría que añadir la subida de las prestaciones percibidas por cohortes posteriores de nuevos jubilados para llegar al coste total que supondría la vuelta a la indexación de las pensiones al IPC.
MANTENER EL PODER ADQUISITIVO, PERO NO A CUALQUIER PRECIO
Para Fedea, más que la cifra concreta en la que aumentaría el gasto, que dependerá en todo caso de que cómo evolucione la inflación, lo importante es que el coste total de cualquier medida que fuera en esta línea sería "muy superior" a su coste inmediato.
"Cualquier cambio, incluso transitorio, en las reglas de cálculo o actualización de las prestaciones tiene importantes repercusiones a largo plazo (...). Conviene extremar la precaución a la hora de diseñar posibles cambios de política en este campo", recomienda el informe.
Así, aunque Fedea considera un objetivo "deseable" el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, avisa de que éste "no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio", pues la indexación generalizada de las pensiones a la inflación supondría un compromiso "potencialmente muy caro", especialmente en las díficiles circunstancias demográficas a las que España se enfrentará en las próximas décadas y de las que ayer mismo advirtió el Banco de España en su informe anual.
Por ello, Fedea pide que se analicen "con cuidado" los costes y beneficios de la supresión del IRP y se valore la posibilidad de establecer "algún tipo de limitación o salvaguarda" a la indexación con el IPC o se introduzcan medidas compensatorias para mitigar su impacto en el aumento del gasto en pensiones.
