Recurren el archivo de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Emerita Resources ha presentado ante la Audiencia de Sevilla un recurso de apelación contra el archivo de las diligencias por las presuntas irregularidades en el concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar, adjudicada a Minorbis-Grupo México, y defiende que la instructora "usurpó" el papel del "juzgador".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla decretó el 11 de marzo el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia de Emerita contra la Junta de Andalucía al considerar que "los elementos objeto de controversia" no son delito sino "cuestiones puramente administrativas".

La empresa reclama en su recurso, al que ha tenido acceso Efe, que el "principal argumento" de la instructora "estriba en la duda" y recuerda que en la instrucción sólo se debe determinar si hay "indicios racionales de la comisión del delito", no "juzgar ni valorar la existencia o no de pruebas de cargo".

"El hecho de que, muy posteriormente a los hechos, los denunciados hayan encontrado excusas a sus actos es considerado por la jueza de instrucción como una duda razonable que excluiría el delito", dice Emerita, en cuya opinión la magistrada "sobrepasa su facultad instructora y usurpa el papel del juzgador".

De acuerdo con el representante de Emerita, esa "duda" es "más que suficiente para decretar la apertura de juicio oral".

Además, el grupo al que no se adjudicó la explotación de la mina afirma que "obran suficientes pruebas para considerar que (al menos) existen indicios racionales de delito que excluirían el sobreseimiento y archivo" de las actuaciones.

Emerita también recuerda un auto anterior de la Audiencia, del 19 de octubre de 2016, en el que se ordenó a la jueza que reabriese el caso afirmando que "ya se pronunció sobre la existencia de indicios racionales de delito" y que constaba "un elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración autonómica" que permitían no descartar un delito de prevaricación.

"En resumen, nos encontramos que en todas las fases del concurso (...) se han sucedido patentes ilegalidades, irregularidades, arbitrariedades y retorcimientos legales imposibles de ocultar", añade el auto de Emerita, que insiste en que se incluyan los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal y que se cite como investigados a todos los miembros de la Mesa de Contratación del concurso.