A pesar de ello, Verdier sí quiso informar del proceso de regularización a los representantes de asociaciones de vecinos de la zona, además de varios propietarios que finalmente se quedaron. De esta forma, con la tranquilidad de que todas las personas podían resolver sus dudas, la responsable municipal del área (acompañada de la primera teniente alcalde, Manuela Moreno, y el secretario local del PSOE, Joaquín Páez) inició su exposición sobre cómo se llevará a cabo la regularización de las viviendas afectadas y los costes que supondrá este proceso.
Precisamente el precio que implicará estas actuaciones provocó las principales protestas de los vecinos, que se mostraban contrarios al proceso de regularización por considerar que “es imposible abonar la cantidad de 38.000 euros que solicitan”. En este sentido, Verdier aclaró que “en el peor de los casos, un vecino de esta zona que cuenta con una parcela de 1.000 metros cuadrados tendrá que abonar esa cantidad, pero realmente no es así puesto que eso supone que el propietario no dispone de ningún tipo de servicio de luz, agua o saneamiento”.
Pagos
Por ello, la delegada de Urbanismo insistió en que el primer pago supone un total de 5 euros por metro cuadrado, es decir, 5.000 euros por una parcela de 1.000 metros cuadrados. Posteriormente, un año después se deberá abonar el 60 por ciento de 18.000 euros (10.600 aproximadamente) para poder disponer de luz, agua y saneamiento, aunque esta cantidad puede reducirse en caso de contar ya con alguno de estos servicios. Hay que recordar que los vecinos de la Rana Verde ya cuentan con electricidad y la Junta de Andalucía ha invertido 14 millones de euros para abastecimiento y saneamiento, por lo que se reducirá sensiblemente esta cantidad.
Una vez se abonen estas cantidades, las asociaciones de vecinos pueden optar por finalizar el proceso con el resto de servicios (acerado, asfalto) o concluir en este punto. “El proceso es voluntario, por lo que son los vecinos los que deciden hasta que punto quieren urbanizar”, comentó la edil socialista, quien insistió en que “una vez aprobada la Ordenanza, no quiere decir que inmediatamente se inicie el proceso”. “Serán ustedes los que digan cuándo se iniciará”.
Por otro lado, Cándida Verdier desmintió que el Ayuntamiento derribará aquellas viviendas que no se regularicen. “Ese rumor es falso, puesto que nuestro objetivo es que los vecinos regularicen sus casas, pero no significa que vayamos a por aquellos que no opten por este proceso”, aclaró.
Tras explicar los pormenores del proceso de regularización, la delegada de Urbanismo se mostró satisfecha por la reunión. “Tras un inicio complicado provocado por el gran número de vecinos que desbordó las previsiones, logramos aclarar las dudas a los ciudadanos que finalmente se quedaron en la reunión”, comentó Verdier, quien reiteró que “si el problema es la falta de información, seguiremos trabajando para que todas las personas afectadas por el proceso de regularización conozcan realmente en qué consiste y, sobre todo, sepan cuál es el coste final de las obras”.
