El gobierno municipal de Javier Márquez en el Ayuntamiento de Jaén ha lanzado un órdago en toda regla a la multinacional FCC, que viene prestando el servicio de limpieza viaria y recogida de basura desde 1984 y que en diciembre pasado renovó la concesión por otros 12 años ampliables hasta los 20. Acuciado por el descontento ciudadano por el estado de suciedad de la ciudad, el Ayuntamiento ha decidido poner manos a la obra con medidas que, en primera instancia, van a penalizar a la empresa y que podrían terminar incluso con el rescate de la concesión.
De momento, el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla confirmó ayer que el Consistorio ha dejado en suspenso el visto bueno a todas las certificaciones de las facturas giradas por FCC por la prestación del servicio. De forma paralela, el equipo de gobierno ha encargado un informe jurídico para determinar el grado de cumplimiento del contrato de la recogida y limpieza viaria. “Si se constatan los incumplimientos se aplicarán penalizaciones y descuentos en la concesión, como prevé el pliego de condiciones”, señaló Bonilla, que no descarta que, en caso de persistir la situación, pueda llegarse al rescate de la concesión. Para poder contar con las pruebas documentales que avalen las medidas sancionadoras contra FCC, el equipo de gobierno ha dado instrucciones a la Policía Local para que inspeccionen las zonas que están dentro del perímetro de la concesión y levanten actas sobre el cumplimiento o no de las tareas de limpieza, tal y como avanzó ayer este periódico.
El gobierno municipal que preside Javier Márquez ha emprendido esta batalla contra FCC (tan inusual como inesperada) una vez transcurridos los seis meses que el pliego de condiciones del nuevo contrato establecía para que la empresa hiciera efectiva la renovación de todos los bienes y maquinaria necesaria para mejorar la limpieza de la ciudad. Medios que no han llegado y que contribuyen a la precariedad del servicio. “Ya ha pasado el plazo reglamentario y no podemos permitir que se produzcan lagunas en el servicio”, indicó Manuel Bonilla. Una ofensiva municipal que se suma a la denuncia de CCOO ante la Inspección de Trabajo por la sobrecarga laboral de la plantilla. Y, mientras, el PSOE recordaba que la renovación del contrato con FCC se produjo sin que se diera cuenta de la liquidación del anterior y del coste real que ha supuesto para la ciudadanía 6 años (2012-2017) donde la empresa ha facturado sin contrato alguno.
Oficina de Control
De otro lado, la nueva Oficina de Control de Contratos, que el equipo de gobierno del PP pretende aprobar en el Pleno ordinario del próximo día 27, tendrá también competencia sobre los contratos menores, de hasta 15.000 euros para los casos de servicios y suministros y hasta 40.000 euros para los de obras. Esta Oficina, que supondrá la desaparición en la práctica de la Comisión de Control de Concesionarias que el martes celebró su última reunión, se regirá por las últimas disposiciones de la nueva Ley de Contratos del Estado. Según señaló el concejal Manuel Bonilla, principal impulsor de este instrumento, la Oficina ejercerá un control a posteriori de todos los contratos públicos que vinculen al Ayuntamiento y, de otro lado, también tendrá funciones de planificación, pues tendrá que elaborar un plan donde se planifiquen todos los contratos municipales. “La Oficina va a contar con mecanismos adicionales de control y ampliará su radio de acción, con competencia también para analizar las condiciones medioambientales de los pliegos y contra el fraude”, dijo Bonilla. La Oficina de Control de Contratos ya tiene definido su organigrama laboral y la formarán una jefa de servicio, un coordinador de servicios económicos, un economista, dos administrativos y de tres a cinco técnicos, todos ellos ya previstos en la futura RPT.
