La organización Save the Children ha pedido que "se paralicen las expulsiones previstas de varios migrantes" recluidos provisionalmente en el centro penitenciario Málaga II de la localidad malagueña de Archidona "a sus países de origen hasta que se determine su edad".
En un comunicado, la ONG ha explicado que se ha dirigido este jueves por carta a la Fiscalía Provincial de Málaga "para pedirle que investigue las posibles vulneraciones de derechos que se pueden estar produciendo" en dicho centro penitenciario "al existir sospechas fundadas sobre la existencia de Menores Extranjeros no Acompañados" (Mena) en el citado centro que no están viendo respetados sus derechos al ser tratados como adultos en vez de como menores".
Desde Save the Children han recordado que "el centro penitenciario de Archidona está siendo utilizado como lugar de reclusión de migrantes ante el aumento de las llegadas de pateras a las costas andaluzas", y "varias entidades sociales, entre ellas Málaga Acoge, han alertado sobre la presencia de menores en Archidona y su tratamiento como adultos".
Save the Children subraya que la protección de los Mena es "prioritaria", y detalla que, "para determinar la edad, debe primar la documentación del país de origen que aporta el menor, y no tener únicamente en cuenta la radiografía del carpo de la mano izquierda, una prueba que se ha demostrado que da fallos y cuya realización a menores con documentación es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo", según ha apuntado Catalina Perazzo, portavoz de Save the Children.
El Defensor del Pueblo, según detalla esta organización, ha admitido una queja a trámite con carácter de urgencia para evaluar la situación y las posibles irregularidades en el proceso de determinación de la edad de estas personas.
"En el caso de que se confirmase que estas personas son menores de edad, además de vulnerar sus derechos, se estaría poniendo en riesgo su integridad al estar conviviendo en un recinto cerrado con personas adultas". "Es urgente que las instituciones responsables agilicen todos los trámites necesarios para garantizar la protección a estos menores", ha añadido Perazzo.
Save the Children insiste en que "las pruebas médicas de determinación de la edad son poco fiables, como ya han denunciado la comunidad científica, numerosas entidades sociales y el Defensor del Pueblo".
En España, esta prueba se lleva a cabo mediante un reconocimiento físico y un estudio radiográfico del carpo de la mano, y, "uno de los principales problemas y la queja mayoritaria de los médicos forenses, organizaciones y asociaciones defensoras de los derechos humanos", según abunda Save the Children, es que "los métodos utilizados son demasiado subjetivos, poco fiables, con un amplísimo margen de error y dejan de lado la posibilidad de otras pruebas".
Save the Children ha pedido además a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía que "promueva y lidere las conversaciones con Fiscalía y Subdelegación del Gobierno en Málaga para evitar que se pueda producir una vulneración de derechos de estos menores".
