La diputada socialista por Huelva, Pepa González Bayo, ha pedido al Gobierno central que "no dé la espalda" al sector de la estiba y medie para solucionar el conflicto que se ha creado en los puertos para que se pueda volver a la normalidad cuanto antes. En esta línea, ha indicado que en la provincia de Huelva esta situación afecta a 48 estibadores en el Puerto onubense.
En declaraciones a Europa Press, González Bayo ha remarcado que "el Gobierno no puede permanecer de brazos cruzados ni pensar que con la aprobación del decreto en el Congreso ya ha hecho suficiente".
A su juicio, "ahora es necesario que se siente en la mesa con los sindicatos y la patronal para llegar a un acuerdo y que ponga a su disposición las herramientas y recursos normativos necesarios para garantizar el cumplimiento de lo establecido".
Para la diputada socialista, "en este momento el Ejecutivo de Mariano Rajoy está demostrando ser insensible al permanecer al margen del conflicto en lugar de garantizar el cumplimiento de la sentencia europea, los puestos de trabajo y las condiciones laborales, la competitividad de los puertos españoles y la paz social".
Según ha proseguido, "es lamentable que el Ejecutivo central considere que esta problemática se ha resuelto mediante un decreto realizado de manera acelerada y sin tener en cuenta las negociaciones que mantenían empresas y sindicatos y sin informar tampoco a las autoridades portuarias, que son las responsables de la gestión de los puertos".
Asimismo, la diputada socialista ha pedido a todas las partes que hagan un esfuerzo para llegar a un acuerdo lo antes posible, basándose en el preacuerdo que alcanzaron a finales de marzo, al tiempo que ha reconocido "el esfuerzo, la actitud de diálogo y la búsqueda de consenso que han mantenido sindicatos y patronal durante este proceso, justamente una actitud contraria a la del Gobierno, ya que hasta ahora ha estado dificultando la solución definitiva para la nueva regulación de la estiba".
Por último, González Bayo ha mostrado su confianza en que se intensifiquen las negociaciones y el Gobierno "cumpla con sus obligaciones para que esta situación esté resuelta lo antes posible por el bien de nuestro puerto y la economía productiva".
