En rueda de prensa, el defensor aseguró que "no va a esperar más" a que se resuelva este problema y añadió que, si la situación no se arregla la próxima semana para estos 126 menores, instará a los órganos competentes, que en este caso son la Junta de Andalucía y la Fiscalía, a hacer prevalecer sus derechos, algo que, en la práctica, podría conllevar la retirada temporal de la tutela.
De hecho, las familias rechazaron una de las soluciones ofrecidas para estos niños que consistía en trasladarlos junto a sus madres a una especie de "escuela de verano", según explicó Chamizo.
"Es la historia de nunca acabar y no voy a tener mucha más paciencia", dijo el defensor, quien advirtió de que no va a permitir, ni a la administración ni a las familias, que los menores "sigan fuera de control".
En su opinión, el regreso de las familias al Polígono Sur es un tema "complicado" por las quejas surgidas por los vecinos, pero esto no debe suponer una excusa para encontrar una solución "alternativa" para los menores.
Por otra parte, las familias que se instalaron entre los puentes de Juan Carlos I y de San Juan han comenzado a ocupar el Charco de la Pava bajo una gran vigilancia policial después de que el Ministerio de Economía y Hacienda, titular del terreno entre los puentes, fijara ayer la fecha límite del desalojo.
De este modo, la Policía advirtió a las 41 familias, la mayoría de etnia gitana, que deberían irse, aunque algunos de ellos ya habían comenzado la mudanza la pasada madrugada.
