El secretario general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, ha advertido este jueves de "la absoluta masificación" en la que se encuentra el Centro Penitenciario de Córdoba, cuya situación es "delicada" y está "al borde del colapso", puesto que es la cárcel con más internos de Andalucía, con 1.410, y la segunda de España, tras Zuera (Zaragoza).
En una rueda de prensa, los responsables de Instituciones Penitenciarias del sindicato han lamentado "la falta de personal, la superpoblación de internos y la política de privatización que lleva a cabo la administración" y que tiene "su cara más amarga en las agresiones que sufre el personal de las cárceles".
En relación con los internos, han apuntado que "cada trabajador del centro penitenciario atiende a tres reclusos, es decir, la ratio más elevada de todo el Estado y lejos de los estándares europeos, que en ningún caso superan el 1,5 internos por trabajador".
Estas cifras dan idea de la situación que se vive en la cárcel cordobesa, de modo que Ángel Moreno ha subrayado que "la situación es tan preocupante, que actualmente no se puede garantizar la seguridad de los internos y de los trabajadores". Así, ha precisado que aunque la plantilla del Centro Penitenciario es de 515 efectivos, en realidad son 463, pues hay 52 plazas sin cubrir, lo que supone el diez por ciento de la plantilla.
Cabe mencionar que el personal de instituciones penitenciarias es el que tiene "mayor número de accidentes laborales de todo el Estado, con 5,21 accidentes por cada cien trabajadores". La mayoría de estos accidentes están relacionados con agresiones. Así, en los últimos 16 meses se han producido once agresiones graves en la prisión cordobesa, agresiones que han requerido de atención médica, según ha indicado.
"La respuesta de la administración penitenciaria ha sido ninguna", ha reprochado el responsable del sector, quien ha puesto como ejemplo que el personal de prisiones ha quedado excluido del Plan contra la Violencia en los Centros de Trabajo, "porque las agresiones se consideran un problema de seguridad y no de salud laboral, o lo que es lo mismo, entran dentro del sueldo".
En este sentido, ha resaltado que ha sido gracias a "la presión" de CCOO que se ha aprobado una proposición no de Ley en la Comisión de Interior, donde se insta a la Función Pública y a Administraciones Penitenciaras a que el personal de Instituciones Penitenciarias sea incluido en dicho plan.
Además, ha añadido que a "la falta de personal, la elevada edad y a las agresiones se une también la falta de formación ante situaciones nuevas, como la delincuencia organizada, el terrorismo yihadista o los problemas de salud mental de muchos de los internos", que "son realidades con las que se convive día a día". Según han precisado, en la prisión de Córdoba hay diez internos relacionados con ETA y cinco con el yihadismo.
LA APERTURA DE ARCHIDONA
Mientras, el representante de CCOO ha criticado que "el Gobierno quiere convertir las prisiones en un espacio susceptible de negocio", puesto que, según ha señalado, "estamos inmersos en un proceso de privatización, en el que la seguridad se lleva a cabo por empresas privadas" y que "ha costado a las arcas del Estado 91 millones de euros, con los que se han contratado a 1.500 empleados privados, cuando con ese mismo montante se podría haber contrato a 2.500 empleados públicos".
CCOO censura que, "además de privatizar, se contrata a empresas que no cumplen con los criterios de responsabilidad social a los que está obligada cualquier administración". "Tal es el caso de la empresa Elecnor, que desarrolla funciones de mantenimiento integral en el centro penitenciario de Córdoba y que se niega a subrogar a los trabajadores que prestaban este servicio con la anterior adjudicataria, dejándolos en la calle e incumpliendo la normativa laboral", ha apostillado.
Por todo ello, CCOO ha exigido la apertura de la prisión de Archidona (Málaga), que ya está construida y que cuesta al Estado "un millón de euros anuales cerrada", con el fin de "aliviar la población reclusa de la de Córdoba, cubrir las plazas vacantes y establecer un plan contra las agresiones", todo ello, con el objetivo de "poder prestar el servicio público que tiene encomendado Instituciones Penitenciarias, que no es otro que el de resocializar a los internos para que no vuelvan a delinquir, porque la delincuencia tiene un alto coste económico y social", ha aseverado.
