El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado que Correos “vuelve a las andadas” en Algeciras. Explica que de nuevo “hay cinco zonas de reparto sin cartero, lo que equivale a que unas 13.000 personas se vean afectadas ya que no se les entregará la correspondencia como marca la Ley, y por tanto, discriminándolas con respecto al resto de la población”.
“La Inspección de Trabajo requirió a Correos, el pasado 21 de junio de 2016, la realización de una Evaluación de Riesgos Psicosociales para evaluar los riesgos derivados de estados de ansiedad, estrés, al igual que un estudio de tiempos dedicados a cada tarea para determinar la plantilla necesaria. La fecha límite era de dos meses, y Correos la ha incumplido”, añaden.
Recuerdan que “el alcalde, José Ignacio Landaluce, y el delegado de Gobierno mediaron en el conflicto con el fin de reconducir la situación, y ahora la Sociedad Estatal ha pasado por encima de ambos”.
También recuerdan que “el 4 de abril de 2016, se aprobó una moción por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Algeciras a favor de un servicio postal público de calidad y ajustado a la normativa existente, donde uno de sus puntos era el siguiente: Asegurar que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia cinco días a la semana como mandatan la Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país”.
“En un Estado de derecho una empresa como esta no tiene cabida, es un Servicio Público que recibe dinero del Estado por prestar este servicio tal y como marca la Ley y Directiva Postal Europea, que ese dinero que recibe es de los/as ciudadanos/as, que no lo reinvierte en ellos/as y en cambio obtiene beneficios (195 millones de euros)”, apuntan desde CGT.
Esto demuestra, a su juicio, que “Correos y el director autonómico, José Luis Prados Linero, únicamente están interesados en el recorte de personal, casi un 25% menos en siete años, en los beneficios económicos de la sociedad estatal, más de 48 y 195 millones de euros de beneficios en el año 2013 y 2014, y eluden cualquier responsabilidad tanto con sus obligaciones con los usuarios del servicio postal y con las normativas postales y de prevención de riesgos, como con el compromiso alcanzado con el alcalde el delegado del Gobierno, mediador y testigo en la solución de la huelga”.
