La Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) ha pedido cuatro años de cárcel a cada uno de los tres acusados de un homicidio imprudente que habrían cometido con la gestión de tapones tóxicos, que provocaron en 2013 la muerte por fosfina de tres miembros de una misma familia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía acusa a la encargada de gestionar las salidas de residuos de la empresa Alansu SL, María Rosa S.M., al mozo de almacén de la empresa, Manuel T.R., y al administrador de la empresa Reciclados Nivel, Pedro Antonio G.C.
A todos ellos, la Fiscalía les acusa de un delito contra el medio ambiente en régimen de concurso ideal con tres delitos de homicidio imprudente, y también solicita la apertura del juicio oral contra los tres y la empresa Alansu.
En concepto de responsabilidad civil por la muerte de un matrimonio y su hija de 14 años, la Fiscalía pide una indemnización de 770.000 euros para la menor que sobrevivió a la intoxicación de la familia y otros 100.000 euros a repartir entre los cinco hijos que el fallecido tuvo de otras dos relaciones.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, la empresa Alansu, autorizada para la gestión de residuos peligrosos, recogió el 25 de julio de 2013 de otra compañía 231 kilos de envases contaminados, 82 de ellos de plástico, y en diciembre de ese año los vendieron a la empresa Reciclados Nivel, que no tenía permiso para tratarlos, lo que ya habían hecho meses antes.
La salida de la mercancía se hizo sin que quedara constancia de ello y sabiendo los tres acusados que su tratamiento inadecuado suponía un "riesgo para la salud de las personas", añade la Fiscalía.
Uno de los acusados retiró las etiquetas que alertaban de la toxicidad de los residuos y los tapones de seguridad de plástico y los vendió a una empresa de Alcalá con permiso para gestionar residuos pero no peligrosos, según el Ministerio Público.
En la sede de Reciclados Nivel se quedaron parte de las etiquetas como los tapones de seguridad y uno de los acusados los entregó, al considerar que carecían de valor, al hombre fallecido, que era un cliente habitual y les vendía chatarra y otros efectos, y que los aceptó porque desconocía su peligrosidad, explica la Fiscalía.
Los 993 tapones los dejó en un saco en la bañera de su casa, que no era usada por la familia y donde el hombre depositaba distintos efectos que luego vendía, y allí una hija dejó un barreño con agua y lejía para decolorar una zapatilla.
La humedad ambiental y el posible lavado de algunos tapones realizada el 13 de diciembre de 2013 desencadenó una "potente reacción química" en los restos de fosfuro de aluminio que contenían y liberó fosfuro de hidrógeno (fosfina), señala la acusación pública.
La fosfina provocó la muerte del matrimonio, Enrique Caño Sánchez y Concepción Bautista Rosa, y una hija, Tamara, mientras que la otra, de 13 años, se curó tras estar hospitalizada, concluye la Fiscalía.
