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Intelectuales y artistas firman un manifiesto contra la crisis

Personalidades del mundo de la cultura, del teatro, del cine o de la música, junto con profesionales anónimos, y todos de distintas orientaciones ideológicas, han apoyado mediante su firma las medidas económicas propuestas por el manifiesto 'De verdad contra la crisis'.

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Personalidades del mundo de la cultura, del teatro, del cine o de la música, junto con profesionales anónimos, y todos de distintas orientaciones ideológicas, han apoyado mediante su firma las medidas económicas propuestas por el manifiesto De verdad contra la crisis.

Hasta 250 rúbricas ha reunido ya este proyecto impulsado por el semanal Deverdaddigital, editado por Unificación Comunista de España, y que reúne las propuestas de este partido para combatir la crisis.

El pintor Antonio López, el escritor Juan Goytisolo, el dramaturgo Albert Boadella, el cantaor Juan Peña El Lebrijano, los actores Amparó Baró y Toni Cantó, el músico Lluis Eduardo Aute o el ex secretario general de UGT, Nicolás Redondo, son sólo algunas de las personalidades que se han adherido al manifiesto.

Con ellos, catedráticos y profesores, abogados, empresarios, médicos, ingenieros, psicólogos, jubilados y pensionistas y decenas de colectivos y familias anónimas han expresado su apoyo a esta iniciativa.

Todos lo han rubricado al margen de la orientación de su voto, lo que garantiza el carácter “independiente” del manifiesto, con el que la formación huye del cualquier “oportunismo” político y electoral de cara a los comicios del 7-J, según asegura Joan Cunyat, del periódico Deverdaddigital.

Y lo han apoyado porque, ha indicado Cunyat, “conocen y respaldan” la trayectoria “de honradez” avalada en los 25 manifiestos que Unificación Comunista de España ha hecho públicos desde su nacimiento en 1968.

Su difusión, incluida la realizada ya en dos diarios nacionales, se ha financiado “exclusivamente” por los firmantes, que han aportado cantidades de 30, 60 ó 90 euros para esta tarea.

El manifiesto recoge medidas como una redistribución salarial que no permita ingresos mensuales inferiores a los 1.000 euros o superiores a los 10.000, una reducción del veinte por ciento de los gastos del Estado o un sistema fiscal progresivo sobre las rentas individuales, entre otras.

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