El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha asegurado hoy que su departamento colabora "plenamente" con la Justicia, en respuesta a las acusaciones del PP de inacción sobre presuntas irregularidades en subvenciones concedidas a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir.
"Este consejero remite a la Justicia toda la documentación que se nos pide; el salto y seña de mi Consejería es: máxima colaboración con la Justicia; nosotros no le damos martillazos a los ordenadores", le ha espetado al diputado del PP Jaime Raynaud, quien le ha interpelado en el último pleno del año del Parlamento andaluz.
Sánchez Maldonado ha asegurado que se ha enterado de las últimas denuncias judiciales sobre este caso a través de los medios de comunicación y ha sostenido que "todos los requerimientos de información sobre subvenciones" que le ha pedido la Justicia "han sido debidamente atendidas" por su departamento.
Raynaud ha mostrado su sorpresa con esta contestación y le ha recriminado al consejero que las diez denuncias presentadas por la fiscalía datan del 14 de abril del 2104 y que la advertencia de irregularidades de la interventora, de mayo del 2013.
Ha calificado de "inconcebible" lo que ha considerado falta de diligencia de la Consejería en este asunto y la ha contrapuesto con el nombramiento de uno de los responsables de esta mancomunidad como asesor en la Diputación de Sevilla.
"Para eso sí se han enterado ustedes rápidamente de lo que pasa", le ha recriminado al consejero.
El diputado del PP ha deplorado que entre las irregularidades denunciadas figure la utilización de subvenciones destinadas a la formación para el empleo para el acondicionamiento de un campo de fútbol y ha criticado la "desvergüenza" y la "actuación absolutamente irregular" que, en su opinión, se ha realizado con estos fondos públicos.
La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir es una entidad supramunicipal que agrupaba a siete municipios de la provincia de Sevilla y a cuatro de Cádiz, y que en abril del 2014 acordó su disolución tras declarar unas pérdidas de más de 40 millones de euros.
