Las familias cordobesas con menores en riesgo de exclusión social recibirán ayudas económicas por un total superior a 1,2 millones de euros a través del Programa de Ayudas Familiares de la Junta de Andalucía, que aportará para ello 612.030 euros, mientras que los ayuntamientos de municipios cordobeses mayores de 20.000 habitantes y la Diputación de Córdoba aportarán otros 659.078 euros.
Así lo ha destacado este martes en rueda de prensa la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, quien ha presentado el convenio suscrito para tal fin entre su Consejería y los ayuntamientos cordobeses mayores de 20.000 habitantes (Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil) y la Diputación.
Este convenio supone una prórroga del programa que viene desarrollándose desde 1999. La partida de la Junta se ha incrementado en 9.031 euros con respecto a 2014, año en que se beneficiaron de estas ayudas un total de 2.275 familias y 4.463 menores en la provincia de Córdoba.
Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.
A este respecto, la delegada de Igualdad ha afirmado que "el objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias".
Los beneficiarios de este programa son las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.
La delegada ha destacado también el trabajo de "los profesionales que desarrollan su labor en los Servicios Sociales Comunitarios de los municipios, puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo. Estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia".
