El proyecto básico del metro en el tramo Guadalmedina-Hospital Civil contiene "fallos importantes" en su tramitación. Así lo ha asegurado este lunes el regidor popular, Francisco de la Torre, para justificar que el Ayuntamiento de Málaga pedirá a la Junta de Andalucía que anule el proyecto, que ha levantado ampollas entre los vecinos y comerciantes de Bailén-Miraflores.
De la Torre ha puesto sobre la mesa que, "aunque se publicó hace dos meses en el boletín oficial, la resolución que aprueba el proyecto de prolongación de la línea 2 del metro se firmó el 14 de marzo de 2015, siete meses antes". Además, han criticado que el Ayuntamiento "no fue notificado por la Junta, ni siquiera informado en las últimas comisiones de seguimiento", enterándose por el BOJA. Además, relatan que el Gobierno andaluz tardó quince meses en responder a las alegaciones municipales.
Entre los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno municipal se encuentra que la redacción del proyecto se sustenta en un dictamen ambiental emitido por Agricultura, Pesca y Medio Ambiente el 21 de marzo de 2015, "un dictamen que aún no existía", indican. Junto a esto, defienden que el trazado Guadalmedina-Hospital Civil no está incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), por lo que "debía haberse elevado el expediente al Consejo de Gobierno, "responsable de decidir si procede o no ejecutar la actuación".
Precisamente, entre los puntos que el Ayuntamiento usa para frenar el proyecto de trazado se encuentra que el POTAUM vigente no contempla el trazado del metro por Eugenio Gross, sino por las calles Pelayo y Alonso de Palencia. "Tampoco discurren por Eugenio Gross las distintas alternatizas de trazado incluidas en el Estudio Informativo de la Red de Metro de Málaga, de 2003".
Un paso adelante que, defienden, persigue que el proyecto tenga "la máxima seguridad jurídica para que la red de metro continúe avanzando". El equipo de gobierno popular insiste en que "se trata de evitar debilidades en la tramitación y subsanar deectos administrativos, formales y de contenido". "La Junta debe ver sobre los fundamentos sólidos y serios de este requerimiento si ha de seguir avanzando en este proyecto o si debe situarlo en un cierto 'stand by' para ver, con los estudios previos de movilidad, su aceptación e integración plena en el tejido urbano".
La Junta se agarra al protocolo de 2013
Un nuevo cisma político entre las administraciones municipal y autonómica, en torno a un proyecto rebatido por los vecinos y comerciantes, reunidos en una plataforma que no cederá tan fácilmente al tranvía proyectado por Eugenio Gross. Desde el Gobierno andaluz, por su parte, se amparan en que “es fruto del acuerdo alcanzado por ambas administraciones a través del protocolo de intenciones firmado el 11 de noviembre de 2013”. Un requerimiento del que se han enterado por los medios, y se muestran prudentes. Estudiarán el requerimiento antes de dar una valoración oficial.
