En febrero de 2015, Gibraltar Residential Properties Limited (GRPL, una empresa estatal de Gibraltar) recibió notificación de una demanda presentada por los administradores de Gibralcon 2004 SA (previamente conocida como Brues y Fernández Gibraltar SA) por valor de 27 millones de libras.
La demanda tenía como objeto disputas en la construcción de las viviendas de Waterport Terraces, y fue presentada por los administradores de Gibralcon 2004 SA en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid.
La demanda presentada en febrero de este año por Gibralcon se produjo tras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales de 2010 en la que se dictaminó que los tribunales ingleses eran los únicos competentes en relación a todos los litigios contractuales entre las partes relacionados con el proyecto de Waterport Terraces.
A pesar de la sentencia, los administradores de Gibralcon han intentado llevar el litigio ante los tribunales españoles que tramitan el procedimiento concursal de Gibralcon. Con base en la sentencia inglesa de 2010, Gibraltar Residential Properties Limited, interpuso un recurso para impugnar la competencia de los tribunales españoles para pronunciarse sobre el caso, que todavía está pendiente de resolución.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales que tramitó los litigios contractuales, los cuales se remontan a 2010, ha dictaminado que GRPL actuó correctamente al rescindir el contrato con Gibralcon.
La sentencia del Juez Superior Edwards-Stuart recoge que se conceden a GRPL daños y perjuicios por valor de 2.510.623,71 libras (importe pagadero máximo en virtud del contrato); se establece que GRPL puso fin de forma correcta al empleo de Gibralcon en virtud del contrato de construcción; concede a GRPL una indemnización por importe de 9.582.877,00 libras, que incluye los daños y perjuicios; y
un interés de demora del 1,5 % en los fondos adeudados en virtud de la sentencia,además del pago de costas.
GRPL se basará en dicha sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales para impugnar la competencia de los tribunales de Madrid.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha comentado: “Se trata de una excelente sentencia para Gibraltar y estoy muy satisfecho con el resultado. Se ha probado que GRPL actuó correctamente al rescindir el contrato de construcción con Gibralcon, por lo que se han concedido a GRPL más de 9,5 millones de libras. El fallo de los tribunales ingleses nos coloca en una situación mucho mejor para impugnar la competencia de los tribunales españoles sobre este asunto. Estoy muy agradecido al equipo jurídico del Gobierno por su labor, en particular a Guy Stagnetto, del bufete Triay Stagnetto Neish, y a Albert Mena, Secretario de Finanzas, por su contribución a la preparación del caso”.
