El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes en sesión plenaria extraordinaria y con los votos de los miembros de la oposición --PSOE, C's e IULV-CA-- una moción impulsada por el grupo municipal socialista en la que se instaba al Consistorio a volver al Consorcio Metropolitano de Transportes y retomar sus responsabilidades en la vicepresidencia del mismo después de que, durante la anterior corporación en la que el equipo de gobierno popular gozaba de mayoría absoluta, aprobara su salida de este órgano y el cese de su participación económica en el mismo.
Fue en diciembre del pasado año cuando desde el Área de Seguridad y Movilidad se decidió acabar con la participación del Ayuntamiento de la capital al entender que el consorcio no estaba "funcionando bien" y no se habían "cumplido las expectativas" ante las escasas inversiones en relación a las aportaciones realizadas, que en este caso ascendieron a unos 700.000 euros.
No obstante, desde el PSOE se ha defendido que el Consorcio Metropolitano de Transporte desarrolla una función "fundamental" para mejorar la movilidad en la ciudad y "fomentar la afluencia de personas desde su zona metropolitana hacia el centro de la ciudad" así como para "optimizar los flujos de transporte en dicha área geográfica".
Asimismo, los socialistas han expuesto que la salida del Ayuntamiento de Almería del Consorcio "está ocasionando perjuicios económicos a los usuarios de Almería capital y su área metropolitana, que no pueden beneficiarse de las distintas bonificaciones establecidas por la Junta de Andalucía para fomentar el transporte sostenible".
De esta forma, el portavoz del grupo del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, ha rechazado que la moción tenga por objeto "condenar al Ayuntamiento", al tiempo que ha incidido en que si durante las etapas anteriores "no se han hecho las cosas como se tenían que hacer", tal vez "quien ejercía las vicepresidencias, lo ejerció mal".
La moción ha sido respaldada por el grupo de IULV-CA y el de C's, cuyo portavoz, Miguel Cazorla, ha solicitado previamente dejar su intervención para el último momento para escuchar los argumentos del resto de la oposición antes de determinar el sentido de su voto. Con esto, el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), ha cuestionado el contenido de la moción puesto que, según ha apuntado, el Ayuntamiento aún formaría parte del órgano. "Puede ser que la moción decaiga por su propio objetivo inútil, que es que si todavía estamos en el consorcio, para qué vamos a permanecer", ha manifestado.
AMPLIACIÓN DEL FONDO DEL CONTINGENCIA
Por otra parte, el concejal de Hacienda y Medio Ambiente, Juan José Alonso, ha adelantado la intención del equipo de gobierno de ampliar de cara al presupuesto municipal de 2016 el gasto no financiero destinado a pagar el fondo de contingencia con el que se afrontan los gastos imprevistos, de manera que este supondrá el uno por ciento del presupuesto global.
La propuesta se ha manifestado durante el debate para la modificación presupuestaria de una partida de 728.379 euros financiada con cargo a este fondo que se destinará al pago de sentencias judiciales, indemnizaciones y justiprecios, que ha sido apoyado por la mayoría de los grupos.
Al respecto, el edil popular ha defendido que la ampliación de esta partida permitirá "salvaguardar la situación" que se pueda dar de cara al próximo año a raíz de las sentencias judiciales y demás pagos sin posibilidad de demora que se puedan dar, toda vez que ha recordado que la cantidad elevada este viernes a pleno supone un importe "mucho menor" del que se había solicitado en un principio.
Pese a ello, el portavoz de C's ha propuesto que en cada pleno ordinario se de a conocer el estado de los litigios en vigor, nuevos procedimientos y sentencias que atañan al Ayuntamiento, una cuestión que el alcalde ha sopesado discutir en la junta de portavoces. Asimismo, Cazorla ha llamado la atención sobre las "decisiones políticas" que se toman y dan origen a los procesos judiciales, a lo que el regidor ha señalado que durante la época de crisis económica las empresas aumentan la litigiosidad con el fin de alcanzar contratos municipales.
Según los datos aportados por Alonso, durante 2014 se dictaron 194 sentencias en el ámbito de lo Contencioso-administrativo de las que se ganaron por parte del Ayuntamiento 130, esto es, el 67 por ciento, mientras que el 72 por ciento de los fallos en los que se reclamaba al Consistorio responsabilidad patrimonial fueron absolutorios.
