La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), trasladará al Gobierno andaluz la necesidad de cumplir con los criterios de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga a demoler 15.000 de los 40.000 metros cuadrados construidos donde se ubican las naves de Colecor.
El TSJA declaró nulo parte del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, en Córdoba, para la regularización del entorno en el que se ubican las naves de Colecor, propiedad del empresario y el que fuera líder de la oposición en el Ayuntamiento de la capital en la anterior legislatura, Rafael Gómez.
En declaraciones a los periodistas, Ambrosio ha coincidido con la idea expresada en una entrevista por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García (IU), quien ha dicho que "ha llegado el momento de cumplir la sentencia y derribar las naves de Colecor".
No obstante, la alcaldesa ha aclarado que para ella se trata de un "problema más jurídico, que político".
"El Ayuntamiento tiene una tarea pendiente que no se ha abordado en la última etapa, que es la de hacer una propuesta al Gobierno andaluz que cumpla con los criterios de la sentencia, y que le de cumplimiento", ha apostillado.
A su juicio, esto es algo que también está demandando la ciudadanía, "que la justicia sea igual para todos y sobre todo que tenga los mismos plazos de obligado cumplimiento absolutamente para todos los ciudadanos".
La alcaldesa también ha anunciado que en la próxima junta de gobierno local se adoptarán "decisiones" sobre la cesión del colegio Rey Heredia, paralizada desde finales del pasado año por el anterior gobierno, y previsiblemente se devolverá el suministro de agua para que puedan realizarse las actividades previstas en la escuela de verano, que comienza el próximo lunes.
Además, ha afirmado que el Ayuntamiento está revisando el expediente para la cesión de suelos al Córdoba CF, para la que aún no hay licencia de obras, con el objetivo de analizar si sigue o no adelante.
Sobre estos dos asuntos, Ambrosio ha apelado a la importancia de abordarlos con "todas las garantías jurídicas", ya que "hay muchos colectivos que están pendientes".
