Las denuncias por violencia de género volvieron a caer en el primer trimestre del año, cuando se redujeron un 3,6 por ciento respecto a las registradas en la recta final de 2014 y se situaron en 30.293. En comparación con el mismo periodo del año pasado, la reducción es del 0,38 por ciento.
Así se desprende de la estadística difundida este viernes por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial, que indica además, la persistencia de la tasa de mujeres que una vez han denunciado, renuncian a seguir con el proceso: Entre enero y marzo, el 12,19% desistieron, en línea con los años anteriores.
Las denuncias por violencia de género repuntaron un 1,5 por ciento al cabo de 2014 tras cinco años de caídas, aunque el volumen total seguía por debajo del que se había ido registrando entre 2008 y 2012. En el arranque de 2015 vuelven a caer, con una pérdida del 3,6% en comparación con el trimestre anterior y del 0,38% si se confronta con el mismo periodo de un año antes.
Ha caído además el porcentaje de mujeres que acudieron a denunciar directamente al juzgado, que suponen el 4,62% del total cuando en el mismo trimestre de 2014 representaban el 8,82%. Aumenta no obstante el número de las que acuden a la policía: un 64,35% de los atestados fueron instados por las mujeres maltratadas entre enero y marzo, frente a los 61,92% que impulsaron el año anterior.
En cuanto a la actividad de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, registraron 41.648 asuntos penales y celebraron 2.537 juicios de faltas de los que el 41% fueron rápidos. El grueso de los delitos instruidos, un total de 31.457, fueron de lesiones (73,9%) y entre las faltas, que sumaron 2.749, injurias (46%) y vejación injusta (45%), las más frecuentes.
Enjuiciaron a lo largo del primer trimestre a 4.748 personas, de las que un 73,7 por ciento resultaron condenadas. No obstante, del total de procedimientos que vieron estos tribunales especializados, el 37% terminó en sobreseimiento provisional, el 21,6% fueron elevados a un órgano competente y el 11,7% se saldaron con sentencia condenatoria.
