Mercasevilla, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE irregulares, ha presentado una querella criminal en el Juzgado de Mercedes Alaya contra los antiguos representantes de la empresa, sindicatos y exaltos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por el expediente de regulación de empleo de 2007.
Mercasevilla presentó esta querella en el juzgado de Mercedes Alaya el pasado día 2 de marzo, después de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que han elaborado el informe clave en el caso de los ERE irregulares certificaran el compromiso de la Junta de Andalucía para abonar el ERE de Mercasevilla correspondiente al año 2007.
Según el acta de su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya, a la que ha tenido acceso Europa Press, los peritos de la Intervención del Estado contestaron a preguntas de la abogada de Mercasevilla que "han podido examinar el expediente correspondiente al ERE de 2007" de la lonja.
"Efectivamente, en el mismo constan tres compromisos de pago por parte del director general de Trabajo --Francisco Javier Guerrero--" fechados en los años 2007 y 2008, "con Vitalicio, por importe total de 6.901.814,43 euros", han manifestado los peritos, quienes han añadido que "no existe diferencia entre estos compromisos de pago y el resto de compromisos de pago en otras subvenciones".
La querella, que va dirigida entre otros contra el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, tiene como base las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el ERE de 2007 de Mercasevilla, que lo define "como fraudulento" para Mercasevilla y "desastroso" para sus arcas, "señalando expresamente la posible connivencia de altos cargos de la Consejería de Empleo".
Antes de presentar esta querella, Mercasevilla elevó a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA un recurso contencioso administrativo contra las medidas emprendidas por el Gobierno andaluz para anular los actos administrativos firmados por Guerrero para aportar fondos autonómicos al expediente de regulación de empleo promovido en 2007.
Tras presentar la querella, Mercasevilla ha solicitado al TSJA que suspenda el procedimiento contencioso administrativo "hasta que recaiga sentencia en las diligencias previas penales 174/2011", como son los ERE irregulares, pues "puede existir causa criminal en los hechos que nos ocupan" y la resolución penal "será influyente para que la Sala pueda resolver sobre el fondo del asunto".
De manera subsidiaria, "y para el hipotético caso que se desestime la prejudicialidad penal y se acuerde la continuación del procedimiento", Mercasevilla pide al TSJA que cite a declarar como testigos-peritos a los cuatro peritos de la Intervención General del Estado que han elaborado el informe clave sobre los ERE irregulares.
