El Gobierno está investigando si los diputados de la coalición abertzale Amaiur hubieran cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo con la exhibición de carteles a favor del acercamiento de los presos ETA en un Pleno del Congreso del pasado mes de febrero.
El pasado 12 de febrero, nada más empezar la sesión de control al Gobierno, los parlamentarios de Amaiur mostraron unas pancartas desde sus escaños pidiendo el acercamiento de los presos etarras y culpabilizando al Ejecutivo de la muerte de Arkaitz Bellón, relacionado con ETA, en la cárcel de Puerto I de Cádiz.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, les llamó al orden hasta dos veces con la amenaza de expulsarles de la sesión plenaria si hacían caso omiso a sus advertencias y tenía que apercebirles por tercera vez. Entonces las guardaron.
Este episodio llevó al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, a registrar una pregunta al Gobierno pidiendo saber la valoración que hace el Gobierno de ese incidente que, a su juicio, podría ser considerado apología del terrorismo.
UPyD, ANTE LA FISCALÍA
En su respuesta al parlamentario foralista, el Ejecutivo asegura que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recaban toda la información necesaria para constatar si los actos de referencia podrían ser constitutivos de los delitos previstos en el artículo 578 de la Ley Orgánica del Código Penal".
Además de UPN, el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) pidió a la Fiscalía que investigue a Amaiur por unos hechos por si pudieran haber incurrido en un delito de enaltecimiento del terrorismo.
