La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo del PP no va a permitir "actos de naturaleza ilegal", como que Artur Mas saque las urnas a la calle para celebrar un referéndum. Es más, ha dicho que ya han recurrido las aportaciones realizadas por 28 municipios a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para promover la independencia de Cataluña.
"Este Gobierno ya está actuando y tomando decisiones", ha afirmado rotunda Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando se le ha preguntado si el Gobierno puede garantizar que el 9 de noviembre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no colocará las urnas en la calle como ha anunciado.
La 'número dos' del Ejecutivo ha asegurado que los ciudadanos deben tener "la completa seguridad" de que el Gobierno del PP "cumple y hace cumplir las leyes". "Y las hará cumplir. Ningún Gobierno, y éste no lo va a hacer, va a permitir actos de naturaleza ilegal", ha enfatizado.
A renglón seguido, ha recordado a Artur Mas que es presidente de la Generalitat gracias a la Carta Magna y las leyes, y ha añadido que "todos" están sujetos a la ley porque "son la base de la convivencia".
NO PUEDE SER "EL GOBIERNO DE LAS VOLUNTADES DE ALGUNOS HOMBRES"
"No es bueno ver a un cargo público hablar en los términos en que lo hace", ha declarado, para recordar que hace pocos meses el propio Mas era "muy consciente" de que la legalidad "obliga a todos". Y ha añadido: "El Gobierno tiene que ser el gobierno de las leyes y no de las voluntades de algunos hombres".
Preguntada después si el Ejecutivo tiene previsto actuar contra la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) que es la que está marcando la hoja de ruta de la independencia, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Ejecutivo ya está tomando decisiones sobre aspectos que afectan a esa asociación.
Así, ha señalado que hay casi 30 ayuntamientos que ha realizado aportaciones de "naturaleza económica" a la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña "para ayudar a esos esfuerzos en el cumplimiento de ese calendario" por la independencia.
Según ha agregado, 28 de esas aportaciones han sido ya recurridas por la Delegación del Gobierno en Cataluña ante la jurisdicción contencioso-administrativa. "El Estado, a través de la Abogacía del Estado, está recurriendo aquellas decisiones de ayuntamientos que están colaborando con esas asociaciones para perseguir un fin que nuestra Constitución no ampara", ha dicho.
En este sentido, la vicepresidenta ha subrayado que, aunque la resolución de esos recursos aún está pendiente de los tribunales, ha habido una "posición muy activa" por parte del Gobierno de Rajoy para "preservar la legalidad", reaccionando contra aquellas actuaciones que considera "contrarias" a la Constitución.
