La Fiscalía de Sevilla y varias defensas han pedido la nulidad del auto por el que la juez del caso Mercasevilla incoó un sumario en la fase final de la investigación por la "venta fraudulenta" de los terrenos de la lonja, en la que está imputado el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos.
Fuentes del caso han informado a Efe de que todos los recursos plantean que el trámite adecuado, teniendo en cuenta las penas aparejadas, era el procedimiento abreviado y no el sumario, y menos aún el juicio con jurado como sugería la juez en una providencia posterior.
El mismo día en que la juez Mercedes Alaya notificó la apertura de un sumario, el pasado 4 de diciembre, la Fiscalía de Sevilla recurrió por entender que el cauce adecuado era el procedimiento abreviado, y al día siguiente la propia juez emitió una providencia en la que pedía a todas las partes que se pronunciasen sobre la posible nulidad.
Esta parte del caso Mercasevilla, segunda "macrocausa" instruida por Alaya que encara su recta final, tiene 19 imputados, entre ellos Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde de Sevilla y ahora portavoz municipal de IU, el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo y los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.
La juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" en el año 2006 del concurso de venta de los terrenos de Mercasevilla a Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.
Las citadas fuentes han informado a Efe de que los abogados defensores también han recurrido diferentes aspectos del auto como los delitos imputados de prevaricación, falsedad cometida por funcionario y prevaricación urbanística.
Otros letrados, en sus recursos, han destacado que la doctrina del Tribunal Supremo "es clara" en cuanto a la falta de competencia de un tribunal del jurado para enjuiciar este caso.
Uno de ellos explica que el proceso adecuado es el procedimiento abreviado, pues los distintos delitos imputados "no superan en abstracto los nueve años de prisión, único límite temporal que sirve de frontera para el enjuiciamiento por este tipo de procedimiento".
Todo ello, con independencia de la "nula participación" del acusado en cuestión en los hechos objeto de instrucción.
