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La junta rectora de Los Alcornocales dice "no" a la venta de La Almoraima

Varios miembros de la misma abandonan la reunión al entender que el asunto no debía votarse en este foro

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La junta rectora del Parque Natural de Los Alcornocales ha mostrado su oposición a los planes del Gobierno de vender de la finca La Almoraima, en el término municipal de Castellar de la Frontera. Aunque la mayoría de los integrantes de la junta, como los ecologistas y el Ayuntamiento de la localidad, votaron el pasado lunes en contra de la venta, varios miembros decidieron abandonar la reunión porque entendían que el asunto no debía votarse en dicho foro.

La gerente de la finca, Isabel Ugalde, expuso durante la reunión las condiciones de venta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, tras las intervenciones del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castellar y del delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, llegó el turno de debate en el que se expusieron todas las opiniones de sus integrantes.

Fuentes de la Delegación territorial han indicado que tras ello, el presidente de la junta rectora, Jorge Bezares, indicó a los presentes que el asunto iba a votarse para que hubiese un posicionamiento del ente, tal y como estaba previsto en el orden del día, momento en el que varios miembros abandonaron la sala porque entendían que no era un asunto para someterse a votación, sino para realizar un informe.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Federico Fernández, expuso durante su turno que La Almoraima "no es una finca cualquiera", sino que tiene "enormes valores ambientales" y, por tanto, entendía que "no debía venderse" si no cederla a la Junta, "si el Ministerio no es capaz de llevar a cabo una gestión sostenible", para que la Administración regional llevase a cabo "una gestión modélica del patrimonio forestal que repercutiese en el empleo".

Cabe recordar que en la junta rectora del Parque Natural de Los Alcornocales están representados todos los entes sociales que deben tener voz en el parque natural: administraciones públicas, sindicatos, grupos ecologistas y diversos colectivos como los montañeros.

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