Más de cien de los adjudicatarios de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han emprendido los trámites para renunciar a tales viviendas y reclamar la devolución de las partidas económicas entregadas por anticipado. El colectivo de afectados por la demora en la entrega de estas viviendas, además, reclama a la Fundación 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso y los efectos del no aprovechamiento de los pisos.
Como se ha informado, el Juzgado de Primera Instancia número 12 ha admitido a trámite la demanda por daños y perjuicios formulada por el colectivo de adjudicatarios de estas 583 viviendas protegidas, contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, promotora de las mismas. En esta demanda, según ha informado a Europa Press el letrado del colectivo, José Verdugo, los afectados reclaman 1,1 millones de euros por los "daños y perjuicios" derivados del retraso en la entrega de las viviendas y el no aprovechamiento de las mismas.
MÁS DE CIEN RENUNCIAS
En paralelo, y según el abogado, son ya más de cien los adjudicatarios que han decidido renunciar a la adjudicación de estas viviendas protegidas y reclamar la devolución de las partidas económicas entregadas para comenzar su construcción.
Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora 'Dolmen Consulting Inmobiliario', inicialmente contratada para la edificación de los bloques, motivó que esta labor recayese en la empresa 'Nazarí'.
EL 'BANCO MALO'
En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, quedaron "inmovilizadas como activo tóxico" por la Sareb y siguen sin ser acabadas.
