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Huelva

La Junta busca que las familias ocupas de La Palma no vean vulnerado su derecho a vivienda

Fuentes de la Consejería han precisado a Efe que se han dado los pasos necesarios para realizar un estudio socioeconómico y laboral de los ocupantes de estas viviendas

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La Consejería de Fomento y Vivienda está trabajando para que las diez familias que han ocupado las viviendas para camineros de la Junta en La Palma del Condado (Huelva), que ayer reclamaban garantías, "no vean en ningún caso vulnerado su derecho a la vivienda".

Fuentes de la Consejería han precisado a Efe que se han dado los pasos necesarios para realizar un estudio socioeconómico y laboral de los ocupantes de estas viviendas para "clarificar su situación y poder actuar teniendo en cuenta cada situación familiar".

Asimismo, este departamento está estudiando las posibles fórmulas legales que garanticen a estos ocupantes poder recibir los suministros de forma regularizada, ya que no son titulares de las viviendas, ello después de que ayer se procediera al corte del suministro, según denunciaron los vecinos.

En este sentido, la Consejería insta al Ayuntamiento de La Palma a que, mientras estudia las posibles soluciones y opciones, restablezca el suministro de agua con el fin de que estas familias no se vean privadas de las necesidades básicas.

Desde la Consejería se ha querido aclarar que estas viviendas no forman parte del parque público de la Junta, y por tanto no están destinadas a albergar familias con escasos recursos en régimen de alquiler, sino que se trata de inmuebles que cumplen una función específica, la de dar residencia a los trabajadores en activo pertenecientes al servicio de conservación de carreteras, dependiente de la Consejería de Fomento.

Han resaltado que son viviendas gratuitas y por ellas la Administración autonómica no cobra una renta de arrendamiento.

Son alrededor de 50 las personas que ocupan estas viviendas, la mitad menores de 14 años, según explicó a Efe uno de los afectados, Isidoro, quien aseguró que lo que pretenden es que sé les de garantías a su situación a través, por ejemplo, del pago de un alquiler social.

Estas personas, que llevan viviendo en el lugar, desde seis meses hasta doce años y que "temen perder los que son sus hogares" debido a los últimos acontecimientos que han vivido, como el corte del suministro de agua.

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