La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha interceptado en San Fernando cerca de 9.000 boletos con un valor de 9.000 euros a una distribuidora de lotería ilegal de la OIDD, y no de la OID como aparecía por error en la nota de prensa anterior.
La distribuidora, I. J. G., fue interceptada cuando circulaba con un vehículo al salir de la sede de la Organización para la Integración de Discapacitados y Desempleados (OIDD) en la localidad de San Fernando. Los agentes encontraron en el maletero del coche 8.980 boletos ilegales y la contabilidad correspondiente a 55 vendedores de esta lotería que actuaban en San Fernando, Cádiz y Jerez.
Los boletos estaban agrupados en 55 tacos, uno por cada vendedor, separados por gomillas y cada uno con su hoja contable. Anteriormente, esta distribuidora ya había sido denunciada por la Unidad adscrita, también por distribución ilegal de lotería, en una intervención en la que se le confiscaron 1.432 boletos y la contabilidad de 28 vendedores.
Con esta nueva intervención, la Unidad adscrita a la Junta continúa con las operaciones que viene desarrollando en toda Andalucía para luchar contra el juego ilegal. Recientemente, en la provincia de Cádiz se había incautado de 37.800 boletos a otra organización, la OID, y en la localidad granadina de Maracena requisó 217 cupones ilegales de la misma entidad.
En su lucha contra el juego ilegal, la Unidad de Policía adscrita ha intervenido 31.649 boletos de loterías ilegales en 2012, una actuación que ha crecido un 47,7% respecto a 2011. Por otro lado, estos agentes adscritos a la comunidad autónoma se han incautado también de 130.220 cartones de bingos ilegales requisados, un 107% más que el año anterior.
La Unidad de Policía de la Junta viene denunciando a vende-dores de boletos ilegales en diferentes provincias andaluzas, que están trabajando de forma ilegal al no encontrarse autorizados ni dados de alta en la Seguridad Social para el desarrollo de esta actividad. Igualmente, los responsables de estos boletos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que supone un fraude para la Hacienda Pública.
