El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, augura que este próximo año 2013 vendrá acompañado de un "empeoramiento considerable" del funcionamiento de la Administración de Justicia como consecuencia de los "recortes" que, en su opinión, están aplicando en esa materia tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía, a la vez que prevé que el nuevo año traiga también un "calendario de movilizaciones" protagonizadas por los distintos colectivos de profesionales del sector judicial.
Así lo ha manifestado este domingo, en declaraciones a Europa Press, el decano de los abogados sevillanos, quien, en concreto, se ha referido a la reciente Ley de Tasas Judiciales impulsada por el Ejecutivo central o a la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz como ejemplos de ese tipo de medidas que, en su opinión, afectarán el próximo año a la Justicia, un servicio público que "ya viene funcionando bajo mínimos" y que "no admite improvisaciones" como las que, a su juicio, está planteando el Ministerio del ramo.
Para Gallardo, el titular de esta cartera, Alberto Ruiz Gallardón, se está mostrando "insensible ante las necesidades reales de la Justicia española" y está propugnando medidas que "empeoran el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales".
En concreto, se ha referido a las recientes nuevas tasas judiciales, a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la ley de servicios profesionales que, según ha comentado, proyecta el Ejecutivo de Mariano Rajoy, como ejemplos de medidas con unos "principios inspiradores desacertados, fruto de la improvisación y con un afán recaudatorio y de recortes económicos" que, en su opinión, "muy probablemente sumirán a la Justicia en una profunda crisis durante el año entrante".
Al hilo de ello, ha reiterado su rechazo a las nuevas tasas judiciales, que ha tachado de "manifiestamente injustas" porque "en ocasiones impedirán el acceso de muchos españoles a la Justicia por insuficiencia de recursos económicos", lo que, a su juicio, es "un gravísimo atentado al Estado de derecho que debería motivar una rectificación del Ministerio".
Igualmente, Gallardo ha expresado su "preocupación" en relación al anteproyecto de ley de servicios profesionales que prepara el Gobierno, ya que, en su opinión, "podría perjudicar injustificadamente a la Abogacía y, por ende, también a los ciudadanos beneficiarios de justicia gratuita".
"RECORTES" TAMBIÉN EN LA JUNTA
No obstante, para el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, los "recortes" en el terreno judicial no sólo están llegando de la mano de la Administración central, sino que también la Junta de Andalucía está aplicando medidas en esa línea "en el terreno de la justicia gratuita".
Así, se ha referido a la modificación parcial del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobada este viernes por el Consejo de Gobierno andaluz, que, según Gallardo, "reduce a una cuarta parte el gasto previsto para el servicio de asistencia gratuita que, por imperativo legal, los colegios de abogados vienen prestando a cuantos ciudadanos reclaman asesoramiento o instan el beneficio de la asistencia jurídica gratuita".
Aunque ha aseverado que los colegios de abogados "realizarán un esfuerzo para que ese recorte perjudique lo menos posible a los andaluces", el decano de los letrados sevillanos se ha mostrado convencido de que esta reforma del citado reglamento "necesariamente ralentizará la designación de abogados de oficio y perjudicará a andaluces con carencia de recursos económicos que precisen de asistencia letrada".
RECLAMA "UN PACTO DE ESTADO"
Por último, Gallardo ha aprovechado la ocasión para reclamar "un pacto de Estado por la Justicia" que sirva para "afrontar las muchas reformas estructurales que son necesarias", pues, según ha insistido, las decisiones que en esta materia está adoptando el Gobierno central "son precipitadas, carecen de consenso y auguran un mal funcionamiento de la Justicia en 2013".
Además, son reformas que "preocupan sumamente" a los distintos colectivos integrados en el sector de la Justicia --abogados, jueces, fiscales, procuradores y funcionarios-- quienes, por ello, protagonizarán a lo largo de este próximo año "un calendario de movilizaciones", según ha adelantado el decano del Colegio de Abogados de Sevilla.
