La celeridad con que Zoido (tan sólo horas después de hacerse, sonriente, la foto con los directivos de La Caixa que le comunicaron la renuncia a instalar el Caixafórum en el antiguo astillero medieval de Sevilla) envió una carta al consejero de Cultura para exigirle la rehabilitación de las Atarazanas, el plan director de usos a que se vaya a destinar el edificio y un calendario de ejecución por una consejería que, debido a los recortes, carece de capacidad inversora alguna, demuestra que el alcalde ha utilizado el monumento como arma arrojadiza contra el Gobierno autónomo, que le negó la recalificación de la Gavidia, y como un nuevo elemento de confrontación.
Dicho de otro modo, al propiciar con sus dilaciones urbanísticas la coartada que necesitaba La Caixa para desistir de su proyecto en el Arenal, Zoido, como bien ha interpretado el consejero Luciano Alonso, pensaba que le estaba metiendo un gol a la Junta de Andalucía, sin reparar en el autogol que le marca a Sevilla, ya que la ciudad pierde una inversión de 25 millones de euros en la rehabilitación de las Atarazanas, otra comprometida por La Caixa con el Gobierno autónomo de 4 millones de euros anuales durante 75 años (un total de 300 millones) y todo el efecto económico inducido que habría tenido para el casco histórico la ubicación del gran centro cultural de La Caixa en este privilegiado espacio de Sevilla.
Bandazos urbanísticos
La falta de criterio y de modelo de ciudad de Zoido, que ha pasado de oponerse a la torre Pelli a defenderla ante la Unesco y, ahora, a llenarla de contenido con el Caixafórum al apoyar su traslado desde las Atarazanas, se pone de manifiesto de nuevo con estos antiguos astilleros que datan del siglo XIII. El alcalde es capaz, sin inmutarse, de decir sí y no y blanco y negro a lo mismo. Cuando tan sólo unos días antes de la decisión de La Caixa trascendió que su íntimo enemigo, el alcalde malagueño Francisco de la Torre, negociaba con la entidad catalana a la vista de las pegas urbanísticas que al Caixafórum se le ponían en Sevilla, Zoido declaró: “Málaga, como siempre, que reivindique lo que le parezca oportuno, pero hay que decir que no hay otro enclave igual a las Atarazanas para desarrollar un Caixafórum”. No hay otro enclave igual, pero cuando días después La Caixa lo abandona en beneficio de su torre Pelli, a la que Zoido se oponía cuando aún no era alcalde, declara que “es un día muy importante para Sevilla”.
Sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas y sobre la figura del propio arquitecto se ha dicho de todo, tanto a favor como en contra. Los conservacionistas y la Fundación Atarazanas se han opuesto a su diseño de Caixafórum por entender que suponía la adulteración del monumento, y al final Zoido, de forma más o menos explícita, ha hecho suyo este argumento cuando dijo durante la polémica con Málaga que el proyecto “podía tener correcciones que no pusieran en peligro ni el monumento ni su entorno, declarado Patrimonio de la Humanidad”, como dando a entender que había una exigencia de modificación por parte de la Unesco tras la controversia por el rascacielos de la Cartuja.
La Unesco se desmarca
Ese argumento ha sido rechazado de plano por Icomos, el órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio histórico, que al contrario que en el caso de la torre Pelli, a la que se oponía frontalmente, nunca ha llamado la atención sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas. El secretario general de Icomos España y profesor de la Hispalense, Víctor Fernández Salinas, ha declarado al respecto: “Salvo que se pretendiera hacer un rascacielos en las Atarazanas, este asunto nada tiene que ver con el Patrimonio de la Humanidad”.
Desmentido el argumento patrimonial de última hora, independientemente de lo que cada uno piense sobre el proyecto y que no es objeto de este análisis, el único intento de justificación que le ha quedado al Ayuntamiento en este tiempo para boicotear el Caixafórum en las Atarazanas por identificarlo como un proyecto de la Junta a la que devolver políticamente el golpe por, a su juicio, el boicot del Gobierno autónomo a su proyecto de conversión de la Gavidia en un centro comercial, era de índole urbanística: si hacía falta o no la redacción de un Plan Especial previo a la concesión de la licencia de obras.
Recordemos brevemente la génesis del proyecto. Las Atarazanas estaban en manos del Ejército, que había levantado sobre sus cubiertas durante el siglo pasado una serie de instalaciones militares, cuando la Junta se las compró por algo más de 3,7 millones de euros hace una veintena de años. El Gobierno andaluz había invertido 8 millones de euros en su rehabilitación -cantidad manifiestamente insuficiente, habida cuenta la magnitud del edificio, de 7.200 m2 de planta- hasta que La Caixa, en su política de implantación en Andalucía y Sevilla frente a las Cajas sevillanas (El Monte y Caja San Fernando, unidas luego en Cajasol), se interesó por el inmueble para ubicar en el mismo un Caixafórum, a modo de escaparate de su Obra Social y Cultural. Hasta tal punto tuvo interés la entidad catalana, que la Junta modificó la ley para poder ampliarle el plazo de concesión: de 50 a 75 años.
El plan especial
Fue La Caixa, y no la Junta, la que, con las Atarazanas ya en su poder, convocó un concurso restringido de arquitectura al que invitó a diez estudios españoles, y en octubre de 2009 eligió como proyecto ganador al del sevillano Guillermo Vázquez Consuegra. El arquitecto redactor del PGOU de Sevilla, el jerezano Miguel Angel González Fustegueras, había introducido en el Plan General un mecanismo de salvaguarda para los bienes de interés cultural (BIC), con el fin de que cualquier intervención en los mismos contara siempre con la aprobación de la Junta de Andalucía a través de la Comisión de Patrimonio. Ese mecanismo era el Plan Especial. Sin embargo, en la práctica, el Consistorio no venía exigiéndolo si comprobaba que la Junta autorizaba previamente los proyectos de rehabilitación de los BIC, como ha ocurrido con las intervenciones en el castillo de San Jorge y los conventos de Santa Paula y de las Teresas, entre otros ejemplos.
Parece obvio: si el objeto del Plan Especial es conseguir la luz verde de la Junta y ésta ya lo ha dado, no tiene sentido exigir la redacción de un Plan, con gasto añadido de tiempo y dinero, para que la Junta autorice lo que ya ha autorizado.
Cuando La Caixa tramitó la licencia de obras ante Urbanismo en octubre de 2010 y aún gobernaba
Monteseirín, desde la Gerencia se le dijo que con el aval de la Junta resultaba innecesario perder medio año en redactar un Plan Especial. El proyecto de Vázquez Consuegra pasó un primer examen de la Comisión de Patrimonio del Gobierno autónomo, que le exigió al arquitecto mayores precisiones sobre las cubiertas, precisiones que fueron incorporadas al proyecto de ejecución, mucho más detallado que un Plan Especial.
Informes favorables
En enero de 2012, cuando Zoido llevaba ya siete meses de alcalde, el director técnico de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Salazar, en línea con la doctrina seguida hasta entonces por el departamento, emitió un informe favorable a la tramitación de la licencia de obras “sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento”. Es, pues, con el gobierno de Zoido cuando se ratifica que no hay necesidad de Plan Especial para otorgar la licencia al Caixafórum en las Atarazanas. Y gracias a este documento, el Colegio de Arquitectos da su visado al proyecto de Vázquez Consuegra.
Por tanto, cuando en febrero de 2012 La Caixa pide definitivamente la licencia de obras, se daban ‘a priori’ todas las condiciones favorables para otorgarla en un proceso que además es reglado y que no puede estar al capricho de los gobernantes: debe darse licencia si se cumplen las condiciones y no darse si no se cumplen. Y se cumplían en aquel entonces: visto bueno de la Comisión de Patrimonio, informe favorable de la Gerencia de Urbanismo y visado del Colegio de Arquitectos.
Pero en paralelo o casi a continuación se van a producir varios acontecimientos que cambiarán el curso de esta historia. Por una parte, la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía se opone a la modificación del PGOU de Sevilla para avalar jurídicamente dos proyectos del Ayuntamiento presidido por Zoido: un parking subterráneo en la Alameda de Hércules y la venta de la antigua comisaría de La Gavidia para su conversión en centro comercial.
Giro de los acontecimientos
Casualidad, coincidencia u otra cosa, desde Urbanismo se emite otro informe, contrario al del mes de enero, en el que se concluye que La Caixa debe redactar un Plan Especial para las Atarazanas si quiere conseguir la licencia de obras, lo cual suponía una demora mínima de seis meses más. La lectura política quedaba clara: como Zoido entiende que la Junta le boicotea sus proyectos urbanísticos, el Ayuntamiento boicotea en correspondencia el proyecto del Caixafórum en un monumento propiedad de la Junta.
Y, por otra parte, el 26 de marzo La Caixa compra Banca Cívica, y con ella Cajasol y todos sus activos -incluida la faraónica torre Pelli- por 977 millones de euros. La entidad catalana ya no necesita gastarse 25 millones de euros en las Atarazanas, más 300 millones en los próximos 75 años, para disponer de un escaparate ante Sevilla, porque Sevilla toda es ya territorio conquistado comercialmente con la absorción de su hasta entonces rival local, Cajasol.
Confluyen a partir de ese momento los dos intereses, el político de Zoido de devolverle el golpe urbanístico a la Junta, y el económico de La Caixa de ahorrarse 325 millones de euros en las Atarazanas y de rellenar el vacío de la torre Pelli con el Caixafórum para dotarlo de un gancho comercial con el que incentivar la venta futura de oficinas en el rascacielos.
En medio, sacrificada a los intereses de unos y de otros, Sevilla.
