El sector de la dependencia valenciana se plantea los primeros cierres de centros por los impagos de la Generalitat, que cifran en cien millones de euros generados en caso un año u que han generado una "situación insostenible" para las empresas, trabajadores y enfermos en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado la patronal de centros Aerte.
Según Aerte, "ya son varios los centros que se plantean la opción de cerrar sus puertas, ante la imposibilidad material de continuar dilatando la situación de deterioro en la que se han visto inmersos por los impagos que ya se acercan al año".
La patronal ha destacado que los trabajadores están sin cobrar varias nóminas, los centros comienzan a tener desabastecimiento de materiales y no hay "ningún horizonte de resolución para este problema" ya que a la situación "se suman a los elevados intereses que muchos centros están pagando por los créditos con los que afrontan esta situación".
Por ello, se presenta un "escenario oscuro" para el sector, "al que se suma la incertidumbre generada por los anuncios en los que Bienestar Social afirma que se ha abonado una parte de la deuda con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico", un extremo que niegan Aerte y sus centros asociados.
Frente a esta situación, Aerte exige "claridad" a la Generalitat y el pago de la deuda existente "como única opción para finalizar una situación perjudicial para los centros, los trabajadores y los dependientes". De no resolverse esta situación, la patronal advierte de cierres de centros durante los próximos meses en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, ha apuntado que las informaciones sobre la concertación de 2.000 plazas de accesibilidad social, han generado una "notable alarma" entre los asociados de Aerte, que ni apoya ni está de acuerdo con esta posibilidad.
La Junta Directiva ha creado una comisión de trabajo para presentar a la Conselleria de Bienestar Social "una serie de reivindicaciones históricas, de forma que pueda llegarse a un acuerdo global que beneficie a todo el sector". Este acuerdo, según fuentes de la Junta Directiva, deberá ser aprobado y ratificado en una asamblea extraordinaria convocada para ello, que se celebrará durante la primera quincena del mes de diciembre.
