Jerez incorpora mañana 260 nuevos desempleados, mientras que la caja del Ayuntamiento se queda con 5,3 millones de euros menos, justo el dinero que ha debido abonarse a los empleados incluidos en el ERE municipal en concepto de indemnizaciones. Los afectados por el despido colectivo afrontan hoy por tanto su última jornada de servicio al Consistorio.
Por mucho que los números acrediten que la operación se amortizará en poco más de seis meses, lo cierto es que el pago de esos 5,3 millones de euros tiene materialmente bloqueado al Ayuntamiento, que necesita llegar cuanto antes al mes de octubre. Entonces, los ingresos de Jereyssa serán de 3,4 millones de euros. Además, en la segunda quincena se pretende firmar la concesión del servicio de aguas, que en teoría debe reportar unos 80 millones de euros a las arcas del Consistorio. Con eso y los 18 millones que Jereyssa ingresará en noviembre, el Gobierno se garantizará la estabilidad económica de la que ahora adolece.
Mientras tanto, los pagos pendientes tendrán que esperar. Ese fue al menos el mensaje que trasladó a la opinión pública la alcaldesa, María José García-Pelayo, convencida en cualquier caso de que el horizonte empezará a despejarse en el último trimestre del año.
La plantilla municipal será la primera en cobrar la nómina de agosto. Lo hará “poco a poco” y a lo largo del mes de septiembre. A continuación empezarán a percibir sus salarios los trabajadores de concesionarias como Urbanos Amarillos o Respuestas Auxiliares, entre otras.
Una vez cubierto este capítulo, el Ayuntamiento podrá hacer frente al pago del primer plazo de la línea de crédito abierta con el ICO, que por el momento no ha podido ser atendido, así como retomar el plan de pago de la deuda contraída con el Consorcio Provincial de Bomberos.
La batalla judicial del ERE
Quienes -a su pesar- dejan de estar en la batalla mensual del cobro de las nóminas son los 260 trabajadores incluidos en el ERE. Afrontan, por el contrario, el litigio judicial para defender sus intereses. La presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo, insistió en que en estos próximos días se presentará una demanda colectiva ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la intención de “tumbar” el expediente.
Calvillo negó que la demanda vaya a tramitarse “para hacer el papel”, toda vez que el sindicato al que representa tiene “fundadas esperanzas” de que el alto tribunal pueda otorgar la razón a los trabajadores. La demanda considera que el expediente incumple el requisito de “insuficiencia presupuestaria”, que según Calvillo es “la única vía” que la legislación actual contempla para que se produzcan despidos en la administración pública.
De hecho, la presidenta del comité entiende que la causa económica que trata de justificar el ERE no es “sobrevenida”, sino que es consecuencia directa del préstamo de más de 300 millones de euros solicitado a través del ICO para pagar a proveedores.
Los afectados por el despido colectivo, por su parte, “siguen cumpliendo” con sus obligaciones, aunque muchos de ellos creen que se han convertido en actores de “una película de miedo que no terminan de asumir”. Calvillo recordó a este respecto que muchos de los trabajadores despedidos llevaban prestando servicio “durante más de quince o veinte años”, existiendo entre ellos el convencimiento de que nunca vivirían una situación como la actual.
Por su parte, García-Pelayo mostró su respeto por la decisión de los trabajadores de iniciar “cuantas acciones estimen oportunas”, si bien está convencida de que el informe emitido por la Inspección de Trabajo viene a dar la razón al Ayuntamiento. Según la regidora, ese informe acredita que existen “causas económicas y organizativas” para plantear el ERE, añadiendo además que los criterios utilizados para seleccionar a los despedidos son “objetivos, lógicos y racionales”.
Llegado el caso, el Consistorio dejaría su defensa en manos de una asesoría jurídica externa, para evitar que sea el propio gabinete jurídico municipal el que de algún modo deba “enfrentarse” a quienes hasta mañana son todavía sus compañeros. La alcaldesa ve factible que pudiera prosperar alguna demanda individual, pero no cree que el TSJA “tumbe” el Expediente de Regulación de Empleo.
